“En el caso de España, la reforma sería perjudicial porque los puertos son de dominio público y las tasas por uso no pueden ser fijadas mediante una negociación entre operadores privados”, según ha explicado antes del voto el eurodiputado Luis de Grandes.
De Grandes asegura que si prospera la norma tal y como se define en el informe, España “se vería obligada a cambiar su Constitución o la forma en la que está organizado el sistema portuario español, es decir, privatizando los puertos”.
La propuesta primera de Bruselas apunta medidas para contar con procedimientos “más transparentes y abiertos” para la designación de los operadores portuarios y establece normas contra los abusos de precios por parte de los operadores con derechos exclusivos.
La posición adoptada este martes por los eurodiputados, sin embargo, suprime la obligación de dar acceso libre al mercado de servicios como el amarre, el remolque y la carga de combustible. “Los puertos deben poder decidir cómo organizan su modelo de servicios, sobre todo por razones de seguridad”, ha argumentado el socialista alemán Knut Fleckenstein, ponente del informe.
