La comisaria Margrethe Vestager, responsable de competencia, señaló ayer que “los puertos son la infraestructura clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional y, en breve, voy a presentar una propuesta para facilitar las inversiones en los puertos que pueden crear puestos de trabajo, y eximirlos del escrutinio en virtud de las ayudas estatales de la UE. Las decisiones de la Comisión en relación con los Países Bajos, Bélgica y Francia dejan claro que, si los operadores portuarios generan beneficios en sus actividades económicas, estos deben ser gravados conforme a las leyes fiscales nacionales normales para evitar distorsiones de la competencia”.
Según la Comisión, las empresas públicas, en el ejercicio de actividades económicas, compiten con los actores privados, que están sujetos al pago del impuesto de sociedades. La operación comercial en las infraestructuras portuarias constituye una actividad económica. En este sentido, “las empresas públicas, cuando se lleven a cabo actividades económicas, deben estar sujetos al pago del impuesto de sociedades, al igual que las empresas privadas los están”. Estas actividades económicas pueden distinguirse de otras actividades que vinculan a la operación de la infraestructura dentro del ejercicio de las responsabilidades esenciales del Estado (como la seguridad la vigilancia, o el control de tráfico), que quedan fuera del ámbito de control de las ayudas estatales de la UE.
Actualmente, la Comisión está trabajando en una extensión del Reglamento general de exenciones con la finalidad de cubrir las inversiones en los puertos y fomentar aquéllas más estratégicas y que tienen el potencial para crear puestos de trabajo.
Por otra parte, la Comisión también continúa su investigación sobre el funcionamiento y los impuestos en puertos de otros Estados miembros y tomará las medidas necesarias para garantizar una competencia leal entre todos los enclaves de la UE. En este sentido, Bruselas ha solicitado información sobre la financiación de ciertos puertos a Alemania.
En el caso de Holanda, la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas se remonta a 1956. Del mismo modo, la exención del impuesto de sociedades para los puertos franceses se remonta a 1942 y el régimen fiscal favorable para los puertos de Bélgica también es anterior a la entrada en vigor del tratado fundacional de la UE, en 1958.
En este sentido, Bruselas considera que estas medidas son una ayuda de estado, y su evaluación está sujeta a un procedimiento de cooperación específica entre los Estados miembros y la Comisión. Cuando las ayudas existentes pueden vulnerar las normas sobre ayudas estatales de la UE, la Comisión, como primer paso, informa al Estado interesado. En vista de la respuesta, la Comisión propone las medidas adecuadas para dar consonancia a la normativa comunitaria.
En el caso de Bélgica y Francia, si no aceptan la propuesta, la Comisión podría abrir una investigación en profundidad para verificar la compatibilidad de las ayudas existentes. Si la Comisión llega a la conclusión de que el régimen no es compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE, podrá exigir el poner fin a las ayudas existentes que falseen la competencia en el mercado único. En el caso de Holanda, la CE ya se lo ha exigido después de haber realizado la investigación previa.
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