El dictamen de Almunia llegó tras cinco años de quejas por parte de competidores que acusaban a los astilleros españoles de atraer carga de trabajo gracias a un régimen fiscal ventajoso. El sistema español de arrendamiento fiscal permitía que las navieras adquirieran los buques con descuentos de entre un 20% y un 30% gracias a las deducciones ofrecidas por Hacienda a los inversores (bancos, sobre todo) que prefinanciaban la construcción.
La lenta investigación de la Comisión concluyó que el sistema otorgaba una ventaja selectiva a esos inversores y exigió, por ello, que devolvieran la ayuda recibida. La recuperación no afectaba directamente a los astilleros, pero al declarar ilegal el régimen fiscal frenaba esa vía de financiación.
El gobierno español y algunos astilleros e inversoses recurrieron y de momento han ganado la partida a Bruselas. El daño reputacional, sin embargo, ya es inevitable.
Mes negro
La sentencia de hoy corona un mes negro para la dierección general de Competencia, que en pocas semanas ha visto desarmados casos de gran relevancia. Ayer mismo, el Tribunal de la UE anuló las sanción de 790 millones de euros a las compañías aéreas acusadas de formal un cártel en el transporte de mercancías. Unos días antes, la propia Comisión abandonaba una investigación de más de cinco años sobre un presunto cártel en el sector bancario, en el que acusaba a las entidades financieras más grandes del mundo de haber manipulado el mercado de derivados.
La sentencia de hoy sobre el sector naval español augura, además, dificultades para la Comisión Europea en sus polémicos casos sobre las presuntas ayudas fiscales en Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Bruselas acusa a esos países de haber concedido beneficios a multinacionales como Apple, Starbucks, McDonalds o Amazon. Los abogaods especializados en Competencia consideran que será muy difícil demostrar que esas ventajas fiscales constituyen una ayudad de estado ilegal.
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