LA OPINIÓN A CORUÑA. La Autoridad Portuaria considera, en contra del criterio del Concello, que la actual ordenación urbanística de los muelles garantiza "usos positivos" para la ciudad.

La Autoridad Portuaria exige al Gobierno municipal que cumpla con los convenios firmados en 2004 por el alcalde Francisco Vázquez, por los que se acordaba la venta de los muelles del puerto interior para financiar parcialmente punta Langosteira. El ente argumenta que no puede renunciar a los ingresos previstos con esta transacción dado el “elevado endeudamiento” que afronta para ejecutar la dársena exterior, que cifra en 296 millones de euros.

La entidad portuaria asegura que la reordenación urbanística de estos terrenos, que carecerían de utilidad una vez la actividad se haya trasladado a la ensenada exterior, puede llevarse a cabo en el marco del convenio vigente “con criterios de calidad urbanística” y generando “usos positivos” para el desarrollo de la ciudad, un criterio que no comparte el Ayuntamiento. “El puerto exterior y su plan de financiación surgió mediante el consenso de los grupos políticos por lo que no es coherente poner en duda en este momento su viabilidad económica”, afirmó ayer el Puerto.

El debate sobre el futuro de los muelles volvió a ponerse encima de la mesa después del encuentro que el alcalde, Xulio Ferreiro, mantuvo con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, el lunes. El actual regidor mostró su voluntad de revisar la ordenación urbanística y los convenios de 2004 para impedir la construcción de viviendas y dotar a los muelles de “usos ciudadanos“. La postura choca con los intereses del Puerto, que exige al Gobierno local “alternativas económico-financieras solventes”.

Losada se agarra a una de las cláusulas de los convenios firmados en 2004 por el entonces alcalde, Francisco Vázquez, que determina, como ayer informó LA OPINIÓN, el compromiso de la Xunta y el Concello “a indemnizar a la Autoridad Portuaria por los daños y perjuicios que se le causen por insuficiencia de flujos financieros para el desarrollo de las obras”. “Sería un ejercicio de irresponsabilidad política que ahora, con la nueva dársena ya en marcha, uno de los firmantes tratase de desvincularse del acuerdo sin ofrecer ninguna otra opción”, afirma el Puerto.

Los muelles de Batería y Calvo Sotelo deberán ser liberados antes de 2017, según Losada; el Petrolero, cuando concluya el traslado de Repsol a Langosteira -la empresa deberá mover al puerto exterior el 60% de su actividad antes de abril de 2018-; y para el de San Diego no ofreció fecha.

El Concello llegó a firmar dos convenios sobre la venta de los muelles. El primero, Vázquez lo rubricó con al entonces ministro Fomento, Francisco Álvarez Cascos. El segundo se aprobó a petición de la nueva ministra socialista, Magdalena Álvarez, que quiso introducir modificaciones para aumentar de un 20% a un 50% el porcentaje de vivienda de protección oficial que debería ser construida. En el actual Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), aprobado en 2013 por el Gobierno de Carlos Negreira, solo se recoge el primero.

La génesis de esta operación urbanística se remonta al hundimiento del Prestige, en 2002. La catástrofe llevó a Gobierno, Concello y Xunta a proponerse sacar adelante la construcción de un puerto exterior que liberase la dársena de la ciudad Las tres administraciones diseñaron esta operación urbanística, con la que pretendían financiar un 23,8% del coste de Langosteira.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria adjudicó el martes a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Corsán-Corviam y Arias Hermanos las obras de la galería de graneles líquidos del puerto exterior. Con un presupuesto de 19,9 millones de euros, el plazo de ejecución de la obra será de 15 meses y medio, por lo que se iniciará a finales de verano y se concluirá en los primeros meses de 2017. La galería se configura como una especie de pórtico que se extenderá a lo largo del dique para proteger las conducciones de graneles en casos de temporales extremos. La infraestructura ya había sido licitada en 2013 pero no llegó a ejecutarse al desistir la empresa adjudicataria. El consejo de administración aprobó la ampliación de las concesiones otorgadas a Pérez Torres y Galigrain en Langosteira. La primera contará con más de 30.000 metros cuadrados y la segunda con más de 15.000.

 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/07/30/puerto-exige-cumplir-convenio-vazquez/981019.html

 

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