Las cuatro entidades creen que el dilema resultante entre las obligaciones en Estados Unidos y en el resto del mundo obligaría a la industria del transporte internacional a gastar millones de dólares en los sistemas homologados por la Administración americana y, por lo tanto, deberán ser reemplazados en un corto período de tiempo.
La mesa redonda ha subrayado, en todo caso, que apoya la necesidad de que existan requisitos internacionales para proteger los ecosistemas locales por el impacto de las especies invasoras transportadas en las aguas de lastre de los buques y, en este sentido, apuntan a que el transporte marítimo es una industria global que requiere una regulación a escala mundial.
De tal modo, opinan que el Convenio sobre la Gestión del Agua de Lastre desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI) es el mejor instrumento para lograr este objetivo y esperan que sea ratificado en breve y pueda entrar en vigor en 2016.
De este modo, los armadores que aún no lo hayan hecho, estarán obligados a gastar entre 1 y 5 millones de dólares para instalar las herramientas homologadas por Estados Unidos en cada uno de sus buques, de acuerdo con el calendario establecido de manera unilateral.
Se estima que hay 50.000 buques que requerirán estar equipados con este sistema en un período de cinco años. Sin embargo, esta situación se puede tornar en muy complicada para aquellos buques que comercian con Estados Unidos, donde la regulación nacional ya está en vigor. Sobre este punto, la normativa estadounidenses requiere que todos los buques que realicen operaciones de lastrado en sus aguas lo hagan bajo la supervisión del Coast Guard.
En este estado de la situación, las cuatro asociaciones han urgido al Coast Guard norteamericano la homologación inmediata de tantos sistemas de gestión del agua de lastre como sea posible y a ofrecer una programación pragmática para la instalación de dichos equipamientos. Actualmente hay 54 sistemas aprobados bajo el régimen de la OMI, pero sólo 17 fabricantes han manifestado su intención de someter su sistema para las pruebas de aprobación norteamericanas.
Por el momento tampoco hay garantía de que los sistemas que se presenten a homologación aprueben las estrictas normativas de Estados Unidos y, en consecuencia, cuando el convenio de la OMI sobre las aguas de lastre entre en vigor, los operadores de buques con relación comercial con el país se verán obligados a adaptarse a unos sistemas que hayan pasado por el trámite burocrático del Coast Guard. En caso que el sistema elegido no obtenga la aprobación deberá ser reemplazado en un plazo de cinco años con el fin de continuar con el comercio con Estados Unidos.
Bimco, la Cámara Naviera Internacional, Intercargo e Intertanko han señalado su contrariedad por el hecho que un armador que, de buena fe, quiera cumplir con los requisitos internacionales y nacionales de gestión del agua de lastre se podría enfrentar a la inaceptable situación de tener que invertir posiblemente dos veces en un mismo sistema por causas ajenas a su propia compañía.
