Las organizaciones ambientalistas otorgaron esta semana el «liderazgo mundial» de la lucha contra la pesca ilegal al comisario europeo, Karmenu Vella. El maltés, de 64 años, está satisfecho con los resultados pero cree que es «responsabilidad de todos» erradicar esta actividad criminal.
-La pesca ilegal es el «modus vivendi» de algunos armadores. En Galicia hay casos de empresas que acumulan sentencias, multas y barcos confiscados y que siguen pescado. ¿Deberían los Estados ser más duros?
-Tenemos que asegurarnos de que los Estados miembro, dentro y fuera de la Unión Europea, sean responsables de sus aguas, de los buques registrados en sus países, y cerciorarnos de que están haciendo su trabajo. No conozco exactamente todos los casos, como el gallego, pero mi primera reacción sería el de reforzar en este campo las sanciones por parte del Estado e instar a una mayor vigilancia.
-¿Puede la Comisión Europea presionar para que así sea?
-La Comisión no es responsable de controlar y monitorear la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). Son los Estados en sí mismos. Nosotros no podemos controlar, monitorear o inspeccionar cada buque individual, cada actividad pesquera o vigilar dónde desembarcan.
-Pero sí podría pedir que se armonicen las sanciones en la UE y terceros países…
-Esa es la idea. Que ningún Estado permita la pesca pirata dentro de sus aguas, por parte de sus buques o de sus pescadores, ni aceptar la descarga ilegal de pescado en sus puertos. Hay muchas áreas donde seguir reforzando los instrumentos legales y sobre todo, seguir vigilando.
-No todos están en la misma situación que la UE para poder hacerlo?
-Obviamente no todos los países tienen la misma capacidad para monitorear las actividades pesqueras. Pero cuando la UE encuentra que un país necesita más ayuda para reforzarse, les ayudamos incluso financieramente, aparte del asesoramiento técnico. Una parte del presupuesto del Fondo Europeo Marítimo Pesquero se reserva para esta función. Pero la última responsabilidad siempre recae en ellos.
-A pesar de esa ayuda financiera, países como Sierra Leona se han visto desbordados por los barcos piratas. ¿No se puede mejorar la cooperación europea?
-Siempre hay espacio para la mejora. En este momento estamos ayudando a unos 50 países de fuera de la UE. No es poco. Y entre otras medidas llegamos a tomar acciones comerciales contra cuatro que se negaron a combatir la piratería. Pero no solo tenemos que colaborar con esos países que solicitan refuerzo y que quieren luchar contra la pesca IUU, también cooperar con los países desarrollados con los que hemos firmado declaraciones como Japón y Estados Unidos. Esta labor es responsabilidad de todos. Combatimos la pesca ilegal juntos, y afortunadamente uniremos a más países en esta lucha.
-Algunas organizaciones ecologistas aseguran que, con un poco más de colaboración de los países del sudeste asiático, se podría poner fin a la pesca ilegal en zonas como el Antártico. ¿Hacen lo que pueden o se les puede exigir más?
-Estoy satisfecho con sus progresos. Las actividades contra la pesca INDNR están dando sus frutos, aunque no alcancemos el 100% de los resultados. Aún así no debemos rendirnos. Tú mencionas a los países asiáticos, pues bien, Corea del Sur es un buen ejemplo. Empezó en nuestras listas negras, discutimos, les ayudamos y se mostraron dispuestos a subir a bordo con nosotros. Hay una larga lista de países asiáticos que empezaron al otro lado de la valla y hoy están del lado correcto. Son nuestros socios y embajadores de la pesca sostenible en sus regiones.
España encabeza la lista de países europeos más estrictos
Del mar al plato hay un buen trecho. Detrás de cada pieza de atún o de merluza que nos llevamos a la boca hay una ingente labor de control, vigilancia para garantizar que lo que estamos comiendo no se ha comercializado a costa de esquilmar el océano o de arrebatar los recursos a la población local de terceros países. Y no siempre se consigue. La batalla que libra la UE de la mano de otros socios internacionales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentaria ha puesto contra las cuerdas a los pesqueros piratas que todavía se refugian bajo pabellones de conveniencia de países no cooperantes. Desde el 2010, esta lucha coordinada se tradujo en 200 investigaciones a buques sospechosos de 27 países, y se impusieron 50 sanciones por 8 millones de euros. A pesar de ello, las cifras se quedan cortas: la pesca ilegal representa el 15 % del total anual de capturas globales.
¿Cómo persuade la UE a otros países?
Emplea un sistema de tarjetas que ha resultado ser tremendamente eficaz para conseguir que sus socios se impliquen en la lucha contra la pesca pirata. Verde para los que colaboran, amarilla para los que ignoran las advertencias y roja para quienes se niegan a colaborar. Ante la amenaza de sanciones comerciales, Filipinas, Corea, Panamá, Fiji, Togo o Vanuatu decidieron emprender cambios en su ordenamiento legal y mejorar el monitoreo y control sobre buques, aguas y desembarcos. Algunos se resisten. Tailandia ha sido el último: tarjeta amarilla. Tiene seis meses para tomar medidas antes de enfrentarse a un embargo que ya sufren Sri Lanka, Guinea y Camboya.
¿Dónde se concentran los esfuerzos?
Bruselas reconoce que las principales áreas de trabajo siguen siendo África Occidental y el Pacífico, regiones donde las actividades pesqueras ilegales «están particularmente extendidas». En estas zonas proliferan los Estados con escasos recursos logísticos y con legislaciones muy permisivas. Todo ello dificulta la detección, seguimiento y sanción de buques piratas que utilizan todo tipo de tretas legales para eludir a la justicia. Aunque la UE mantiene estrecha colaboración con más de 50 países y al menos 91 han notificado a Bruselas que sus sistemas de control están al día para certificar las capturas de su flota, quedan retos por delante y mucho trabajo que hacer en casa.
¿Cómo evitar que las capturas ilegales lleguen al mercado de la UE?
La UE aumenta por un lado la colaboración con países terceros en torno al control de la flota, la confiscación de mercancía y la concesión de certificados para evitar la exportación de partidas ilegales. Por otro, urge a los Estados miembro a mejorar la vigilancia sobre los desembarcos en sus puertos. España es el país de la UE que más partidas rechaza por no tener claro su origen.
