El juez ha admitido ahora a trámite el recurso presentado por el Consistorio ante el TSJB. Requiere a la Autoritat Portuària para que, en el plazo improrrogable de veinte días (a contar desde el 20 de abril), remita al tribunal el expediente del concurso.
A falta de un pronunciamiento judicial, las empresas que quieran optar al concurso tienen hasta el 4 de mayo para presentar sus ofertas. Los terrenos, que podrán ser explotados durante 22 años, están situados entre la estación marítima y la dársena de pescadores y ocupan 42.021 metros cuadrados ampliables.
El concesionario podrá construir nuevas edificaciones en la zona de los astilleros y de la oficina municipal con una altura máxima de siete metros ocupando hasta 2.360 metros cuadrados. En las parcelas situadas al otro lado del actual vial de acceso a la estación marítima, que quedarán integradas en la concesión porque se prevé trasladar el tráfico rodado creando un nuevo vial de acceso que atraviesa la zona verde de Gesa, se permite una edificabilidad máxima de 945 metros cuadrados y 8 metros de altura.
Concesionario
El concesionario estará obligado a ofertar una escuela de vela con una superficie mínima de 140 metros cuadrados y deberá poner a disposición de la Autoritat Portuària una superficie de 100 metros cuadrados en alguno de los edificios que se proyecten. Deberá ofertar también un mínimo de 70 plazas en la nueva marina seca, aunque el número podría ser mayor. No existen limitaciones en este sentido.
La Autoritat Portuària defiende que el proyecto permitirá dar continuidad al paseo marítimo desviando el tráfico rodado por la segunda línea, pero la propuesta no convence a los vecinos, hoteleros y empresarios turísticos que temen el impacto visual de las nuevas edificaciones. PSOE y PI (en la oposición) llevan meses advirtiendo de que el concurso incumple el acuerdo firmado entre el Ajuntament y la Autoritat Portuària en 2004 por el que el Consistorio obtenía como compensación por la ampliación del puerto los derechos de utilizar las piscinas, la zona verde de Gesa y los actuales astilleros durante un periodo de veinte años.
La Autoritat Portuària no da validez al acuerdo porque no se aprobó en el consejo de administración y considera que el Ajuntament ocupa irregularmente las instalaciones.
