El Ministerio de Agricultura anunció ayer a través de un comunicado que está trabajando en la actualización de esa normativa, que data de 1997, y que persigue que entre el barco y el puerto en el que esté dado de alta exista un vínculo real. Esto es, todos los buques de la flota pesquera que operen con pabellón español, deben estar radicados en un puerto base desde el cual realicen la mayor parte de sus operaciones pesqueras.
Según argumenta Madrid, la norma «tiene en especial consideración los principios de libertad de establecimiento de las empresas y personas conforme a lo previsto en la Constitución». Para el pleno ejercicio de estos derechos el proyecto de real decreto establece la necesaria vinculación que tiene el puerto base de los buques pesqueros con las diferentes medidas de regulación de la pesca marítima. Eso es lo que lleva a obligar a todos los barcos españoles a radicarse allí donde operen con más frecuencia.
Así, el real decreto que prepara Agricultura fijará las condiciones que deben cumplirse para autorizar el establecimiento inicial o los cambios permanentes de puerto base, siempre bajo el principio de libre establecimiento, pero también siempre vinculado a una dársena desde la que se vayan a desarrollar las actividades pesqueras, en el caladero para el que estén autorizados a ejercer dicha actividad. Es decir, que una embarcación que disponga de licencia para trabajar en el Cantábrico Noroeste no puede tener base en Barbate, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre si es de Malpica y opera en A Coruña? ¿O de Porto do Son y vende en Ribeira? ¿O de A Coruña y descarga en Avilés?
En Malpica, por lo menos, lo desconocen. El patrón mayor de esa cofradía, Pedro Pérez, no sabe de ese proyecto que Agricultura dice haber enviado ya a las comunidades autónomas, organizaciones y asociaciones de ámbito nacional y a los agentes sociales, aunque descarta problemas porque los barcos malpicáns, aunque vendan en el Muro coruñés siguen manteniendo vínculo con Malpica.
A este respecto, el comunicado de Agricultura solo aclara que tendrá en cuenta la «necesaria movilidad de los buques de la flota», por lo que permitirá cambios temporales en el puerto base oficial durante períodos inferiores o iguales a tres meses, que podrán ser prorrogables hasta un máximo de nueve meses en un año.
También ha tenido presentes a aquellos pesqueros que ejercen su actividad en aguas lejanas y que solo ocasionalmente recalan en puertos españoles. Para estos, su «casa» será aquella con la que mantengan una vinculación socioeconómica destacable.
La norma también dispone qué cambios tiene que autorizar la comunidad autónoma y cuáles corresponden al Estado.
