En esas condiciones, fuentes del departamento que dirige José Llorca indicaron a EL COMERCIO que Europa no está dando facilidades, que el futuro de la autopista del mar está «muy cuesta arriba» y que España desea que las nuevas ayudas, si es que aparecen, no sean necesariamente para la naviera que ha gestionado hasta ahora la línea, es decir, LDLines, sino para cualquier armador con el que se pudiera cerrar un acuerdo.
Algunos datos desvelados ayer por el Gobierno permiten entender algunas actitudes que podrían resultar inexplicables. Por ejemplo, ¿qué interés puede tener LDLines en mantener una línea que ya no funciona y que considera inviable sin ayudas? Hasta ahora la única respuesta posible era una reacción de defensa ante la amenaza de reclamación de todas las subvenciones cobradas en cuatro años.
Renuncia
Pero es que nadie ha pedido a LDLines que renuncie a la línea. Es más, si lo hiciera ahora, sin haber un armador alternativo, la autopista del mar Gijón-Nantes como proyecto hispanofrancés subvencionado quedaría definitivamente muerta y cualquier otra iniciativa similar sería absolutamente nueva e independiente de la que funcionó hasta ahora. Lo que sí ha pedido Puertos del Estado a LDLines es si estaría dispuesta a subrogar su contrato en otra empresa, pero previsiblemente también en otras condiciones. Según pudo saber este periódico, no hubo aceptación ni rechazo, sino «cara de póquer».
Quiere decirse que no se trata de que LDLines renuncie en favor de otra empresa en las condiciones que ella no quiere, sino en las condiciones que ella está reclamando para sí, o sea, con más y nuevas subvenciones.
Sobre la posibilidad de suplir las ayudas a la naviera por incentivos a los transportistas que utilicen el barco en algún tramo de su trayecto, las fuentes informantes aseguraron que Puertos del Estado trabaja ya en esa alternativa, pero tiene dos serios inconvenientes con vistas a aplicarla para la autopista del mar gijonesa. Por una parte, el Gobierno del Estado considera fundamental que el llamado ‘eco-bono’ sea aplicado no sólo en España, sino también, al menos, en Francia, Italia y Portugal, que son las conexiones internacionales de corta distancia más habituales en los puertos españoles. La otra dificultad es que el proyecto debe ser aprobado también por la Comisión Europea, junto a las normas que lo regulen, lo que implica más tiempo del disponible. En el mejor de los casos, estaríamos hablando de 2016. El cobro del ‘eco-bono’ se haría en función de los kilómetros que cada camión ahorrase con el barco entre origen y destino.
Una característica clave del ‘eco -bono’ es que subvenciona al camionero, es decir, que realmente impulsa autopistas del mar y no a tráfico ro-ro que no quitan ningún camión de la carretera.
Cabe citar también que, según las fuentes de Puertos del Estado, la cantidad de la subvención de 30 millones autorizada a los gobiernos de España y Francia que aún no está utilizada asciende a 2.650.000 euros, menos de lo que correspondería a un año más de funcionamiento. Esa es, en todo caso, la cantidad que, a día de hoy, se está ofreciendo tanto a LDLines como a cualquier otra naviera para recuperar la autopista del mar Gijón-Nantes.
Auditoría en marcha
Con las cosas así, la diputada del Partido Popular por Asturias Ángeles Fernández-Ahúja manifestó ayer a EL COMERCIO que el Gobierno está haciendo cuanto puede para evitar el carpetazo definitivo a la línea Gijón-Nantes, sin perjuicio de que el asunto «está muy complicado» y «sé que hay algunos contactos con otras navieras, como Brittany Ferries, pero no hay motivo para el optimismo, porque no acaba de cuajar».
Lo que España ha puesto ya en marcha es una auditoría de la empresa que explotó la autopista del mar gijonesa, en cuya financiación no participará el Gobierno de Francia, para «garantizar que todos los gastos subvencionados figuran entre los gastos elegibles, es decir, para comprobar que no hubo ningún tipo de irregularidad en los cobros y, en caso contrario, pedir las responsabilidades que correspondan». Otra iniciativa ya planteada por Puertos del Estado tras la interrupción del servicio es la reclamación de las ayudas si hay indicios suficientes de que el contrato fue incumplido.
Fernández-Ahúja indicó que la bajada del precio del petróleo favorece al porte por carretera, pero insistió en que Puertos del Estado hace todo lo posible para encontrar una solución. En ese sentido, la diputada popular quiso dar respuesta a las acusaciones efectuadas el día anterior por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, contra la actuación del Gobierno del Estado y aseguró que «ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Echar la culpa de todo al otro es lo fácil en política, pero si LDLines abandonó el servicio es por acogerse a una posibilidad que aceptó el Gobierno anterior, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero».
http://www.elcomercio.es/gijon/201501/15/espana-busca-ayudas-europeas-20150115001550-v.html
