Asimismo, el Pleno ha rechazado, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, la tramitación como proyecto de ley del decreto, que había solicitado PP-A.
Con el decreto convalidado, se aplica la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 3 de julio, que subraya la necesidad de que estos tributos cuenten con un marco jurídico que recoja todos los elementos esenciales y tengan unos parámetros de cuantificación justificados con la correspondiente memoria económica, según ha explicado ante el Pleno de la Cámara la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.
Los importes de las tasas reguladas, tanto para las actividades náutico-recreativas como pesqueras, comerciales o industriales, no varían respecto a los actuales.
Esta modificación normativa se ha realizado a través de la vía del decreto ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para casos de urgente necesidad, ante la proximidad del ejercicio 2015, a cuyo inicio se produce el devengo de la mayoría de tasas portuarias.
De ahí la exigencia de fijar sin demora los criterios, reglas, parámetros y categorías esenciales para su cuantificación, así como de asegurar la plena eficacia de la normativa tributaria en la materia.
Los ingresos proporcionados por estos tributos resultan imprescindibles para el sostenimiento de los servicios prestados en el sistema portuario andaluz, integrado por 37 puertos.
De ellos, 12 son de gestión indirecta a través de concesionarios y 25 a cargo de la Consejería de Fomento y Vivienda. Estos últimos proporcionan 40.000 empleos directos e indirectos en actividades pesqueras, deportivas, terciarias y de ocio, industria auxiliar y transporte de pasajeros y mercancías.
La sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2014 anuló el Decreto 371/2004, que regulaba los cánones de las concesiones en los puertos e instalaciones portuarias andaluzas hasta el año 2011, basándose en la ausencia de una memoria económica que justificase los criterios, reglas, parámetros y categorías esenciales para la cuantificación.
En diciembre de 2011 fue aprobado el Decreto 368/2011 que desarrolla la Ley de Puertos de 2007 en lo relativo al conjunto de tasas portuarias, pero igualmente adolecía de memoria económica, por lo que resultaba susceptible de la misma causa de nulidad. El decreto ley aprobado hoy subsana este error.
Con el fin de incentivar la actividad productiva y la generación de empleo en el sector, la Junta rebajó el pasado año en un promedio del 30 por ciento el importe de los cánones a los concesionarios de puertos deportivos, instalaciones náutico-recreativas, pesqueras, industriales y comerciales en el dominio público portuario autonómico.
Asimismo, bajó hasta en un 16 por ciento el importe de las tasas que tienen que pagar los usuarios de atraques deportivos con contrato base anual en instalaciones gestionadas directamente por la Consejería de Fomento y Vivienda.
Por su parte, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha pedido al Gobierno andaluz que reflexione y retire el decreto ley, un “subterfugio legal” del con el que se pretende contrarrestar el “varapalo” de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la subida de las tasas que la Junta venía aplicando desde el año 2007.
Según Raynaud, los puertos concesionados de Andalucía se han dirigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para pedirle que se anulen de oficio todas las llamadas órdenes de revisión de los cánones.
La parlamentaria del PSOE-A Marisa Bustinduy ha indicado que, con este decreto, el Gobierno andaluz da respuesta y se adelanta a una posible situación problemática, garantizando la seguridad jurídica e integrándolo todo en una única norma con rango de ley. Ha insistido que con este decreto no solo se da garantía jurídica, sino que también se garantiza la autosuficiencia financiera que deben tener los puertos. “Va a dar garantías tanto a la administración como a los administrados”, ha apuntado.
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha destacado que este decreto, sin duda, garantiza la seguridad jurídica ante el ejercicio en el que hay que implementar las tasas portuarias. Ha considerado que con las medidas incluidas se garantiza el empleo y que se tomen decisiones de modulación o rebaja de algunas de las tasas.
