Con parte de la flota congeladora como fondo de su intervención, Touza volvió a reinvindicar el papel de la investigación previo a la adjudicación de posibilidades pesqueras o a la adopción de medidas de gestión. Así reclamó que no se aplique “irresponsablemente” cuando se carece de datos ciertos el principio de precaución para justiticar recortes drásticos u otras medidas de gestión que lesionan los intereses económicos y sociales del sector.
En ese punto, Touza recordó los “duros sacrificios” que tuvo que asumir la flota para acompasar su actividad a las nuevas normas. En el Atlántico Noroccidental, aseguró el presidente de Arvi, donde llegaron a faenar 80 bacaladeros españoles, solo quedan ya cinco, lo que se traduce en desguaces y pérdida de 2.000 empleos directos. Por lo que afecta a la flota congeladora, de las 40 unidades que operaban en NAFO, quedan 22, es decir, otros 1.000 empleos directos perdidos. Son cifras, recordó, que trasladan la pérdida de 15.000 empleos directos e indirectos afectados por la necesidad de adaptación de la flota a las normas de NAFO. Y que se suman a otros duros ajustes, como el realizado en las pesquerías comunitarias, donde la flota española ha pasado de casi 400 unidades a menos de un centenar en la actualidad con el resultado de que el sector pesquero se redujo un 25% en la última década y un efecto “demoledor” para Galicia. Finalmente, aprovechó Touza, para reiterar las críticas de la flota a la ofensiva contra la pesca de arrastre, de la que aseguró que si se realiza de forma regulada no compromete la sostenibilidad de los recursos y sin la que, dijo, no sería posible satisfacer la demanda de pescado a un precio asequible.
Arvi contó ayer para su acto en NAFO con el apoyo de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, del alcalde Vigo, Abel Caballero, o del delegado del Gobierno, Samuel Juárez.
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