EL FARO DIGITAL. La sinrazón principal es que aprovechan el regreso de los inmigrantes a Europa para hacer caja, pero con este abuso temporal perjudican igualmente a los sufridos viajeros cautivos que somos los ceutíes. De 62 euros por un coche y conductor Ceuta-Algeciras, cobraron el pasado viernes 29, nada menos que 132 euros. Y esperaremos a ver la reacción de las otras navieras.
Las compañías marítimas perciben por el viaje de los ceutíes la misma cantidad que de los no residentes, una parte al comprar el billete y otra vía subvenciones. Por tanto, cuanto más caro es el billete más importante es la aportación del Estado a la naviera. Esta incongruencia de base explica muchas cosas, aparte de las diferencias existentes según la profesión del viajero.
Presentaré las correspondientes denuncias, pondré el caso en manos del Tribunal de la Competencia y ya explicaré los resultados, aunque los antecedentes me dicen que la legislación aplicable se toma vacaciones en la Operación Paso del Estrecho.
Debemos recordar que un anterior presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados por el PSOE propició, con algunos apoyos externos, incluir un artículo en la Ley de Puertos por la que, según este parlamentario, se evitarían conflictos (sic). En vez de apoyar la labor de la Comisión Nacional de la Competencia, se buscó una salida más o menos legal como veremos.
Con la citada disposición, las empresas navieras quedaban obligadas durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), a la intercambiabilidad de billetes y a sujetarse a horarios establecidos y, a cambio de este terrible esfuerzo, dichas conductas tuvieron y tienen todavía la consideración de exentas de la legislación de competencia. Para entendernos, con los correspondientes sustentos en la excepcionalidad del artículo 4 de la misma Ley de Defensa de la Competencia, se decidió que no habría libre concurrencia en la Operación Paso del Estrecho (OPE) y ello para fijar precios máximos iguales en todas las compañías (lo que está prohibido en condiciones normales) y que sean superiores a los habituales (lo que normalmente sería también ilegal), aportando beneficios adicionales a determinadas navieras.
En resumen, a cambio de colaborar en la OPE para que todo salga bien y que no se produzcan quejas por retrasos, se dan vacaciones a la ley de defensa de la competencia y se permiten subidas de precios, incluso unificando estos para facilitar el intercambio. Sin embargo, la Dirección General de la Marina Mercante es el órgano encargado de fijar unas tarifas máximas para que las compañías no apliquen precios excesivos y además concertados. Lo que ocurre es que, al principio, en vez de poner unos precios iguales a los trayectos habituales o una media de ellos, la citada Marina Mercante, según informaciones de prensa, estableció tarifas superiores a las normalmente en vigor.
Pero es que además, según también datos de prensa, alguna naviera sobrepasó en el pasado esas tarifas máximas establecidas que ya eran muy altas por lo que, ante las reclamaciones recibidas en la Dirección General de la Marina Mercante, dicho organismo retrasó primero la puesta en marcha de las vacaciones legales a la libre competencia, aunque la subida de precios parece que afectó a determinadas rotaciones, cuyos perjudicados deberían haber sido amparados de inmediato por la Oficina de Consumo. Por otra parte, la apertura de un expediente ante el exceso en precios por la citada Dirección General no parece un dato relevante, teniendo en cuenta las actuaciones anteriores de dicho organismo al respecto. Porque ahora transcurrido el tiempo, no sabemos cómo se resolvió aquel exceso que tantos perjuicios produjo. Solo hemos visto comisiones inútiles desde el punto de vista práctico y anuncios de políticos que quieren meterse a decidir cuantas rotaciones debe hacer una compañía privada.
Después de tantos años denunciando estos y otros abusos con base en el Estado de Derecho, he llegado a la conclusión que, en este tema de los transportes marítimos, en mi opinión, hay demasiados intereses cruzados, a nivel nacional o local, que han impedido y seguirán impidiendo una solución del problema.
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