Así lo ha indicado en rueda de prensa el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien ha dejado claro que el clúster no es una iniciativa únicamente de la Junta, sino de todos los actores implicados, que son Navantia, los comités de empresa de los tres astilleros gaditanos, los sindicatos CCOO y UGT, las industrias auxiliares a través de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca) y la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), así como la propia Junta y la agencia IDEA.
López Gil detalló que esta es la novena reunión desde que en 2013 se empezó a analizar cómo hacer más fuerte y competitivo el sector naval, coincidiendo ahora con los encargos que se están realizando a Navantia y que prevén carga futura de trabajo desde “finales de este año o principios de 2015”, las cuales conllevan una serie de demandas formativas para contar con personal con una cualificación específica de la que actualmente se carece.
La mesa de trabajo ha elaborado un “magnífico documento”, dijo el delegado del Gobierno andaluz, que es un plan de capacitación para las necesidades formativas del sector naval en la provincia. Este documento analiza la situación de la formación existente a todos los niveles, señala qué formación no está contenida a corto plazo y que será necesaria para afrontar los encargos.
De esta manera, se ha entregado una programación de las necesidades de contratación que pueda tener Navantia y se ha hecho un análisis de los potenciales desempleados de la provincia de con su formación para “adecuar la oferta de la provincia a la demanda que tendrá Navantia a corto y medio plazo”.
López Gil explicó que en base a ese análisis, se estima que en la provincia hay unos 7.200 demandantes de empleo “proclives a la contratación en función de la futura carga de trabajo”, ya que cuentan con la titulación necesaria para incorporarse a la formación concreta que requiere Navantia. A partir de ahí, se entiende que será necesaria formación “a corto plazo” para “unas 1.000 personas” que serán capacitadas en alguno de los aspectos que se requieren.
Por ello, la Junta ha propuesto a la Consejería competente una serie de propuestas formativas, que a corto plazo implicarían a entre 250 y 300 alumnos que podrían comenzar los cursos “en septiembre o en octubre”. La idea es ir “cuadrando la necesidad de contratación con la formación”, señaló López Gil, quien agregó que se ha hecho “un trabajo técnico muy serio” y que es “la primera vez en la historia que se sientan los actores implicados con un objetivo común y una planificación seria”.
