Entre las consecuencias del informe de la OLAF, en el supuesto de que la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea acuerde seguir sus recomendaciones, hay que distinguir entre lo que sería devolución de los 198 ya cobrados y la pérdida de los casi 50 millones que estarían pendientes de cobro de la subvención concedida, dinero con el que, obviamente, la Autoridad Portuaria contaba.
Respecto a la devolución de los 198 millones, resulta evidente que una entidad con un superávit en su cuenta de explotación próximo a los 10 millones anuales, no está en condiciones de asumir esa circunstancia, salvo que se aplique un plan absolutamente extraordinario que incluyese la enajenación de todo suelo portuario situado fuera de los muelles, que tienen que seguir siendo públicos, por imperativo constitucional. Esa alternativa, que cabe dudar si sería suficiente para reunir 198 millones, en estos momentos no está planteada ni prevista.
Además, como se sabe, la obligación de devolver dinero, si antes se decide apelar a la vía judicial para defender las posiciones del Ministerio de Hacienda, implicaría procedimientos largos. La hipotética devolución, por lo tanto, no afecta a El Musel, al menos, ni a corto ni a medio plazo.
No cobrado
Cosa distinta ocurre con el 20% de la subvención que todavía no ha sido cobrada, cerca de 50 millones con los que la Autoridad Portuaria contaba y la recomendación de la OLAF desbarata.
El Musel ha adelantado, por decirlo así, ese dinero a la constructora, ya que liquidó el importe completo de la obra o, al menos, lo que está dispuesto a pagar, pendiente de lo que depare la demanda de la UTE, que pide 330 millones más.
Hasta ahora, la Autoridad Portuaria de Gijón financió los 50 millones no cobrados con una línea de crédito con entidades financieras. El pasado año, según pudo saber este periódico, el puerto utilizó cerca de 40 millones de esa línea crediticia, que actualmente está prácticamente a cero y que, según las mismas fuentes, podría no sobrepasar en 2014 los 20 millones de euros, es decir, aproximadamente la mitad que el pasado año.
Ajuste de gastos y, también, un aumento de la cifra de negocio (facturación) próximo al 15% en lo que va de año, propician ese cambio positivo en las necesidades de financiación, todo ello derivado de un buen comportamiento de los tráficos, nuevamente en aumento.
Con una línea de crédito importante como instrumento financiero, la Autoridad Portuaria de Gijón podrá suplir a corto y medio plazo la demora o, en el peor de los casos, anulación de los 50 millones europeos que están en el aire. Pero las cosas se complicarán a partir de 2017, momento en el que hay que empezar a devolver los 215 millones prestados por Puertos del Estado cuando el socialista Fernando González Laxe era su presidente. De momento, sólo hubo que pagar intereses, pero en 2017 hay que empezar las devoluciones del principal. El Musel espera para 2017 y 2018 el punto más alto de pago de deuda y espera poder afrontarlo con algunos ingresos atípicos antes de esas fechas.
La enajenación de bienes es un proceso que ya está en marcha, pero que podría retrasarse porque la Autoridad Portuaria de Gijón no quiere «regalar» su patrimonio.
El edificio histórico del Muelle, los terrenos antiguamente ocupados por Naval Gijón y la finca de Jove que alberga la sede de la Comunidad Portuaria están ya disponibles, pero parece ser que el interés más claro de los compradores se congrega en torno a la terminal de graneles (EBHI) que será enajenada en dos fases: primero, las acciones, y luego, la maquinaria.
http://www.elcomercio.es/v/20140523/gijon/musel-tiene-financiacion-asegurada-20140523.html
