El organismo portuario matiza que este gasto extra se contrarresta con una bajada de tasas
DIARIO DE IBIZA, 30 Mar. (Ibiza).- En esencia, esta privatización de los servicios (controles de seguridad, carga y descarga de mercancías, control del embarque y el desembarque del pasaje –también de personas con movilidad reducida–, gestión de aparcamientos, manejo de pasarelas, etcétera), que aprobó el consejo de Administración de la APB el pasado 6 de marzo, implica la entrada en escena de intermediarios que, previa obtención de una licencia de dos años de vigencia, podrán ofertar sus servicios a los armadores en igualdad de condiciones y con unas tarifas de máximos para cada servicio.
Según la normativa aprobada por la APB, los puertos se dividen en ámbitos geográficos y Ibiza y Formentera constituyen uno indivisible, por lo que la empresa que solicite trabajar en Vila (únicamente en es Botafoc, los muelles comerciales y la dársena de Levante, junto a la estación marítima antigua de los Andenes), también deberá hacerlo en la Savina (solo en el muelle para pasajeros).
Dos euros por pasajero
En cuanto a las tarifas máximas, se estipula que estas empresas podrán cobrar hasta dos euros por embarque y desembarque de pasajeros de tráfico regular de cabotaje (la línea entre las Pitiusas queda al margen de esta liberalización); 0,7 euros por el conductor de un camión, y 4,8 euros por crucerista.
En cuanto a los vehículos, se fija un tope de dos euros para los turismos menores o iguales a cinco metros de longitud; tres euros para turismos de más de cinco metros; un euro por motocicleta, y hasta un máximo de seis euros por autocar.
Por la carga y descarga de equipaje de los pasajeros se estipula un tope de seis euros, y por la facturación de tarjetas de embarque, de otro euro.
Desde la Autoridad Portuaria insisten en que estos precios «son máximos» y que la presencia de varias empresas que oferten el mismo servicio provocará competencia suficiente como para que no se apliquen en su totalidad. No obstante, reconocieron que a fecha de hoy no tienen constancia de que se haya concedido alguna licencia, por lo que la situación en los puertos todavía no ha variado.
Además, la APB recuerda que desde hace dos años aplica un descuento del 30% en dos de las tasas que aplica a las navieras que utilizan los muelles públicos de las islas: por el pasaje y por el transporte de mercancías. «Calculamos que en 2014 las navieras, si no ganan dinero, al menos se quedarán igual que ahora porque la posible subida de tarifas la absorbemos nosotros con el descuento de las tasas».
De hecho, desde el organismo portuario aseguran que este mismo año han calculado que dejarán de ingresar 20 millones de euros por el recorte en las tasas que cobran a las navieras. La posible subida del precio de los billetes, por lo tanto, queda a decisión de los armadores, según explican. «Nosotros ya hemos hecho todo lo que podemos para que no repercuta en el pasajero», reiteran.
«Es una puñalada trapera más»
La situación creada tras la liberalización de los servicios portuarios es diametralmente distinta desde el punto de vista de las navieras. «Es una puñalada trapera más». De esta manera explicó el sentir de la patronal Rafael Cardona, delegado en las Pitiusas de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Balears (Apeam). «Recurriremos este pliego porque es un sinsentido», añadió.
Cardona rebatió uno por uno los argumentos de la APB. Sobre la fijación de un tope máximo en las tarifas que pueden aplicar los operadores privados, recordó que esos topes «es lo que puede cobrarse y lo lógico es que [los empresarios] aprovechen para cobrar más», de manera particular o «creando asociaciones entre ellos, algo que no es nuevo», señaló.
En relación al descuento en las tasas sobre el pasaje y las mercancías, Cardona explicó: «Tienen una gracia tremenda en la APB. Claro que nos han descontado las tasas, pero lo que ahorramos es una cantidad muy reducida frente a lo que nos puede cobrar un operador privado».
La figura del autoprestador
Llegados a este punto, desde la APB recordaron que el pliego (el primer puerto en aplicarlo fue Vigo, en marzo del año pasado), contempla la figura del autoprestador, que operaría como un handling de las compañías aéreas. Esto es, que sean las propias navieras las que se presten el servicio. Esta opción permitiría ahorrar dinero a los armadores, a juicio de los empresarios.
Cardona reconoce este parche, pero matiza que fue la Apeam la que lo propuso. «Cuando exigimos la autoprestación, la APB la aceptó y nos olvidamos del tema». Pero la sorpresa llegó más tarde, dicen, «cuando leímos el texto definitivo».
«No sabemos si la decisión se tomó en Palma o en Madrid [en la dirección de Puertos del Estado, que debe aprobar estos textos normativos], pero habían incluido una cláusula que contempla, en el caso de que la naviera se preste el servicio en el muelle, que abone un tanto por ciento que debe fijar la APB para repartir entre las empresas que se hayan dado de alta para dar ese servicio. Un engaño, vamos», critican.
