Una amenaza más, y es ya la enésima, para las empresas pesqueras gallegas que operan con licencia de las islas Malvinas. O para aquellas que faenan en el entorno de las Georgias y Sándwich del Sur. El Gobierno argentino pretende sancionar, incluso con penas de prisión, a las empresas que exploren las aguas alrededor de esos territorios insulares, especialmente las de las Malvinas, cuya soberanía se disputa con Gran Bretaña.

Pretende trasladar a la pesca la amenaza que hizo a las petroleras

LA VOZ DE GALICIA, 03 Feb. (A Coruña).- La amenaza fue lanzada a principios de mes, en un encuentro con diversos medios internacionales, por el responsable de la recién creada Secretaría de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur, Daniel Filmus. Este aseguró que «quien no obtenga autorización» [de Argentina] para explotar las aguas, no solo afrontará consecuencias administrativas, sino también penas de prisión», recogió Efe. Hasta 15 años de cárcel y multas significativas por explotación ilegal. Sea o no un farol, lo cierto es que Filmus consiguió inquietar a Gran Bretaña, que protestó por las tácticas de intimidación al pretender declarar ilegal la exploración de gas y petróleo en la zona. Y envalentonado por los resultados de esa medida, el secretario de Asuntos Relativos a las Malvinas decidió ampliar ese acoso a las compañías pesqueras, publicó el diario argentino La Nación.

A por la asfixia económica

Según este medio, en la estrategia bonaerense de intentar asfixiar económicamente a los isleños de las Malvinas encaja perfectamente el boicot a una fuente de ingresos vital para las disputadas islas: la pesca. Y por eso es que la Cancillería trabaja ya en una nueva reglamentación de la ley de pesca para aplicar severas multas a las empresas que obtengan réditos económicos de la extracción pesquera tanto en el mar argentino como en aguas del Atlántico sur que se disputa con el Reino Unido.

Al final, no es más que intentar resucitar un polémico proyecto de ley que se aparcó hace unos años y que pretendía castigar con multas a aquellas compañías pesqueras que operan en ambos mares o que tienen una doble estructura societaria. También, recoge La Nación, a las que presentan una triangulación de acciones que les permita explotar los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva de Argentina y de las Malvinas.