Principios de julio de 2013. Todo el sector naval español tiembla tras la filtración de los primeros borradores de la Comisión Europea (CE) sobre el expediente del tax lease (el antiguo sistema de bonificaciones fiscales del naval), en los que Bruselas exige la devolución de las ayudas a la construcción de barcos a todos los beneficiarios del sistema, incluidos los armadores, es decir, los clientes de los astilleros.

Varios documentos revelan las correcciones de la Comisión para librar a los armadores del reembolso tras la presión de compañías noruegas

FARO DE VIGO, 08 Ene. (Vigo).- Apenas unas semanas más tarde y después de intensas negociaciones, el fallo final, anunciado el 17 de julio, aligeraba la carga al condenar solo a los inversores y excluir a las navieras. Documentos a los que ha tenido acceso FARO muestran precisamente cómo Bruselas corrigió el texto días antes de la sentencia para librar a los propietarios de los barcos y cómo a principios de julio la patronal noruega de empresas armadoras (la quinta organización del ramo a nivel mundial) advertía del grave problema de seguridad jurídica que un fallo en su contra supondría para todo el sector naval y marítimo europeo.

Los documentos evidencian lo que ya era un secreto a voces en todo el sector: que la resolución del expediente del tax lease, que condenó a los astilleros españoles a una sequía de contrataciones sin igual en los últimos veinte años, tenía un fuerte componente de interés comercial. De hecho, la propuesta de la Dirección General de la Competencia que dirige el español Joaquín Almunia pasó de reclamar la devolución íntegra de todas las bonificaciones fiscales obtenidas durante la práctica totalidad de los años en que se concedieron y a todos los beneficiarios del sistema (agrupaciones de interés económico, armadores/navieras y estructuradores financieros), a restringir el periodo de devolución a 2007-2011, concentrando el reembolso solo en los inversores.