La administración quiere ganar espacio para la flota petrolera que se repara en la Isla
LA PROVINCIA, 30 Dic. (Las Palmas).- En La Luz se acumulan cerca de una treintena de embarcaciones cuyos armadores han dejado de pagar las tasas portuarias y han optado por dejarlas en el muelle, o que están inmersas en un procedimiento judicial, como es el caso de los llamados barcos de la droga. Desde 2008, la Autoridad Portuaria ha intentado desocupar estos atraques, diseminados en distintos puntos de sus dominios. Con las últimas reformas legales, La Luz trata de acelerar estos procedimientos, que ya se han comenzado a retomar por parte de sus servicios técnicos y jurídicos.
Desde 2010, la Ley de Puertos del Estado faculta a la administración para el hundimiento de un buque o su enajenación en pública subasta “cuando con ocasión de un procedimiento judicial o administrativo se hubiere acordado la retención, conservación o depósito en la zona de servicio”. Es el caso de numerosos navíos que, a lo largo de los años, han permanecido amarrados a los norays de La Luz. El Puerto también puede obrar del mismo modo en aquellos supuestos en los que el barco “presente peligro de hundimiento en el puerto o constituya un riesgo grave”. En lo que atañe a las embarcaciones afectadas por un caso que se tramite en los tribunales, la Autoridad Portuaria afectará el importe recaudado con la subasta a lo que se resuelve en el juzgado.
Al mejor postor
Antes, se debe formular la solicitud correspondiente ante el juez. Una vez obtenida, se fija un precio de salida y se adjudica el barco al mejor postor tras una puja pública. En la gran mayoría de los casos, los que se presentan a estas convocatorias pretenden hacerse con los buques para desguazarlos y poder vender sus piezas como chatarra o recambios. De hecho, estos barcos se encuentran en un avanzado estado de deterioro, tras meses o incluso años sin navegar y sin haberse sometido a las reparaciones necesarias o a una simple labor de mantenimiento.
Las últimas subastas de barcos en estas circunstancias se produjeron en 2012, cuando se sometieron a este procedimiento una cantidad reducida de ellos. Antes, en el periodo comprendido entre 2008 y 2011, la Autoridad Portuaria procedió a la enajenación de unas 60 embarcaciones. Parte de ellas se subastaron al mejor postor, otras se adjudicaron de forma directa ante la ausencia de otras ofertas y algunos incluso se quedaron en puerto después de que el trámite se declarase desierto.
En muy pocos casos las cantidades resultaron llamativas: sólo dos de los barcos salieron a subasta por un precio superior a los 100.000 euros. Por lo bajo, se llegaron a fijar mínimos de 100 euros para deshacerse de navíos en un avanzado estado de deterioro. Desde la Autoridad Portuaria se recalcó que no hay afán recaudatorio en unos trámites en los que, cuando está el juzgado de por medio, lo recaudado ni siquiera pasa a engrosar las arcas públicas de la administración en La Luz.
Astilleros
El fin principal de las enajenaciones está relacionado con el auge de los astilleros y talleres navales. Cada vez son más las plataformas petrolíferas, perforadores y buques de asistencia que hacen escalas estratégicas en la capital grancanaria. Un buen número de empresas del Puerto se ha especializado durante la última década en efectuar sus reparaciones y realizar labores de mantenimiento para una flota que opera de forma creciente en las aguas del Golfo de Guinea, hoy uno de los principales puntos de extracción de crudo en todo el planeta. En este contexto, el Puerto se ha encontrado en más de una ocasión sin espacio para poder dar entrada a estos buques. La acumulación de chatarra flotante se ha convertido en un problema administrativo, que se pretende despejar con nuevas pujas.
