Los términos son fuertemente criticados por la flota española, principal interesada en este caladero
SANTIAGO/BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS).- Este régimen pesquero fue negociado por la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, en unos términos también fuertemente criticados por la flota española, principal interesada en este caladero, porque considera que no es un acuerdo rentable y porque cerraba el acceso a recursos de interés para España, como el cefalópodo.
El nuevo protocolo ya ha sido rechazado en la comisión de Pesca de la Eurocámara en base a un informe negativo del que es ponente el eurodiputado español del PP Gabriel Mato.
Bruselas llegó a revisar las condiciones del nuevo convenio al ver que la flota europea no hizo uso de las licencias negociadas para ir a aguas mauritanas y logró de Nuakchot mejoras en el mismo. Sin embargo, estas modificaciones resultan insuficientes a ojos de España, que insiste en que la situación del pulpo en la zona es buena y que debería permitirse su pesca a los cefalopoderos europeos, de tripulación principalmente gallega.
Así las cosas, el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, y la conselleira del ramo de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, viajaron a Bruselas el 1º de octubre para tratar de ganar apoyos entre los eurodiputados para tumbar el acuerdo y obligar a negociar nuevas condiciones.
Entre los eurodiputados españoles, los del Partido Popular y Los Verdes se han colocado del lado de España, según indicaron Domínguez y Quintana tras una ronda de contactos, mientras que el representante de UPyD dijo que votaría lo que la mayoría de la bancada española.
En las filas socialistas, el voto parece más dividido ya que Quintana adelantó que contaba con el voto en contra del eurodiputado gallego Antolín Sánchez Presedo, al tiempo que los adaluces Carmen Romero y Luis Yáñez han criticado al Gobierno de Mariano Rajoy que trate de frenar el acuerdo pesquero.
Este convenio es el más importante en volumen y variedad de especies de los que la Unión Europea ha negociado con terceros países, y ofrece licencias para 12 Estados miembros a cambio de una contrapartida económica de 70 millones cada uno de los dos años que estaría en vigor.
