El Goberno presentará la próxima semana su recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE
EL COMERCIO, 19 Sep. (Madrid).- La cifra fue dada a conocer anoche por el Ministerio de Hacienda, después de remitir a Bruselas un informe en el que se detallan los contratos afectados por el expediente -las construcciones de buques firmadas entre 2007 y 2011-, los inversores que actuaron como intermediarios y las ayudas fiscales que obtuvieron por ello. La Comisión había fijado el 18 de septiembre como fecha límite para que el Ejecutivo español entregase este listado, al tiempo que ha concedido otros dos meses más para ejecutar la devolución efectiva de las ayudas.
El ministerio que dirige Cristóbal Montoro aclaró ayer que los 126 millones son el «total de las ayudas fiscales concedidas entre 2007 y 2011», por lo que estima que la cantidad real a recuperar «será algo inferior». Un portavoz señaló que aún es necesario «realizar un estudio más detallado de cada operación, por lo que esta cifra supone en todo caso una cantidad máxima». La cifra desvelada ahora por el Ministerio de Hacienda se sitúa muy por debajo de todas las estimaciones que se hicieron cuando el pasado mes de julio la Comisión Europea decidió ilegalizar el ‘tax lease’, un sistema de ayudas fiscales que se aplicó en España y que permitía rebajar el precio final que pagaban los armadores por los buques que encargaban en este país. La estimaciones se situaban en un amplio abanico, que iba desde los 400 hasta los 2.000 millones de euros.
Primera exigencia
El Gobierno español ha cumplido así el primer requisito exigido por Bruselas -entregar una relación de las empresas beneficiadas y, también, de las cantidades a recuperar- y tiene ahora otros dos meses adicionales para ejecutar la recuperación efectiva de estas ayudas. Además, el Ejecutivo ha atendido la petición que habían hecho los astilleros, que consideran dañino cualquier retraso en la resolución del expediente y habían exigido que se acelerase el diálogo con Bruselas para despejar esta cuestión. Pero el procedimiento no ha finalizado, ya que la Comisión Europea debe aclarar ahora si coincide con la interpretación que han hecho las autoridades españolas de su resolución y, lo más importante, si está de acuerdo con los cálculos y la recuperación de los 126 millones de euros. No obstante, a tenor de las palabras del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, no parece que Bruselas tenga intención de poner muchos peros al trabajo del Ejecutivo español.
A principios de septiembre, el Ejecutivo acordó con las comunidades autónomas afectadas -fundamentalmente Asturias, Galicia y País Vasco-, las empresas y los sindicatos del sector naval recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la devolución de esas ayudas -conocidas como ‘tax lease’-, escrito que deberá ser presentado antes del próximo día 28.
Dichas subvenciones, referidas al ámbito fiscal, debían ser devueltas por los inversores que financiaron la construcción de los buques, aunque no directamente por los armadores ni tampoco por los propios astilleros afectados.
Además, el Gobierno coincidió con todos los afectados en la necesidad de pasar página acerca de las devoluciones. A tal fin les presentó un paquete de medidas para reactivar los contratos en los astilleros, centradas en la facilitación de crédito para la construcción de buques.
La pronta resolución del expediente resulta clave para clarificar el futuro del sector y que se pueda empezar a utilizar el nuevo régimen español de amortización anticipada de bienes adquiridos mediante arrendamientos financieros, que la Comisión Europea (CE) autorizó en noviembre de 2012, pero que todavía debe adecuarse a la legislación nacional. Desde el sector naval se da por seguro que dicho sistema no se utilizará hasta que no se despejen las incertidumbres, ya que ni los inversores ni los armadores van a querer involucrarse en nuevas operaciones. De ahí, argumentan, la necesidad de dar carpetazo al expediente a la mayor brevedad posible. Los astilleros privados tienen 40 barcos en fase de contratación que llevarían asociada una facturación de casi 2.000 millones que, asegura el sector, está en riesgo si no se cierra pronto el expediente.
