España descarta pedir medidas cautelares por la devolución de ayudas
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados que la interposición de este recurso está en el orden del día de la comisión, un organismo del Gobierno dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval —un sistema conocido como “tax-lease”— deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011.
Esta decisión mejoró ligeramente la avanzada por el comisario Joaquín Almunia, ya que la devolución afecta a financiadores y no a armadores y no se remontará a 2005. Soria ha reconocido que la decisión de Bruselas fue “mejor que aquella que se había anunciado”, pero “no la que esperaba el Gobierno”, por lo que consensuó con las partes implicadas —los gobiernos de Asturias, Galicia y el País Vasco, sindicatos y la patronal Pymar— la interposición de un recurso.
La inacción de la Unión Europea ante el sistema de ‘tax lease’ del sector naval español se convertirá en uno de los ejes del recurso. Soria cree que es uno de los argumentos de base para los dos principios que evocará el Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que son la confianza legítima y la seguridad jurídica. La confianza legítima “supone que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos europeos”. “En el anterior ‘tax lease’ fueron muchas las ocasiones en las que la UE hizo concebir esta esperanza a los astilleros, armadores, bancos e inversores, señaló.
Esta confianza del sector procedía “en primer lugar de la inacción de la Comisión Europea” y, en segundo lugar, de la carta de la por entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se daban por válidas las bonificaciones fiscales en España.
No se pedirán medidas cautelares
El Gobierno ha descartado pedir medidas cautelares por dos motivos: no entorpecer la gestión de la devolución de las ayudas y porque “nunca el Tribunal de Justicia de la UE ha admitido medidas cautelares en un recurso”. Soria no ha precisado la cuantía de las ayudas que tendrán que devolver los financiadores, que todavía está siendo evaluada por el Ministerio de Hacienda, pero ha asegurado que será lo más ajustada posible y que la cifra estará “muy lejos” de la inicialmente estimada de 2.000 millones de euros.
