El ministro de Industria, José Manuel Sor durante la reunión que ha mantenido ayer con representantes de las tres Comunidades Autónomas más afectadas por la situación del naval (País Vasco, Galicia y Asturias), sindicatos y astilleros para "consensuar" los próximos pasos, tras conocerse la decisión de la CE sobre la devolución de las ayudas al sector.

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Podrá hacerlo efectivo antes del 28 de septiembre

CINCO DIAS, 23 Jul. (Madrid).- A este encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Industria en Madrid, han asistido entre otros, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández; el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Patronal de Astilleros privados (PYMAR), Álvaro Platero.

El Gobierno ha confirmado una decisión que parecía previsible: el recurso contra la sanción de la Comisión Europea que obliga a los inversores en astilleros a devolver las bonificaciones públicas obtenidas entre 2007 y 2011. En una reunión entre los representantes de las principales CC.AA afectadas, Galicia y Asturias, la patronal de los pequeños astilleros Pymar y los sindicatos, las partes han acordado llevar a cabo el recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, que podrán realizar hasta el próximo 28 de septiembre, según avanzó el ministro de Industria José Manuel Soria, aunque lo harán “batante antes”.

Soria ha confirmado el “acuerdo de todas las partes” para tomar “la decisión cerrada de recurrir”, pero no para pedir medidas cautelares que invaliden de forma temporal la sanción de Bruselas contra los astilleros. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo asturiano Javier Fernández, acudieron a la cita con la petición del recurso, idea también defendida por el lehendakari vasco Íñigo Urkullu, que no asistió a la reunión por “problemas de agenda”. Urkullu no pedía medidas cautelares, algo que sí reclamó Feijóo desde que se conociera la sanción. La decisión está casi descartada, según fuentes cercanas a la reunión.

Proceso largo

El Gobierno tiene hasta el 28 de septiembre para llevar a cabo el recurso, aunque no podrá hacerlo efectivo hasta que la Comisión Europea haga pública la Decisión que avanzó el miércoles de la semana pasada. Esto no sucederá hasta que las partes afectadas acuerden el contenido final del texto, ya que pueden decidir la omisión de algún dato sensible tal como volúmenes de producción o valor de los contratos.

Solo a partir de ese momento, tanto el Ejecutivo como todas las partes que puedan considerarse afectadas podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, y todavía estarán en disposición de pedir una medida cautelar para anular las devoluciones de las ayudas ilegales por parte de los inversores, si finalmente lo acuerdan. Sin embargo, la concesión de este tipo de medidas es poco habitual en la justicia europea, ya que quienes recurran deberían demostrar que la decisión de Bruselas causa un daño irreparable para el sector. El hecho de que ésta, en principio, castigue a los inversores y no a los astilleros ni a los armadores, y de que exista un marco consensuado entre la Comisión y el Gobierno español para invertir en el sector desde el 1 de enero, hace difícil que las partes puedan utilizar con éxito este argumento.

Además, algunas de las partes afectadas no están del todo convencidas de la conveniencia de pedir medidas cautelares, ya que, dicen, añadiría más inseguridad jurídica al proceso, al anular momentáneamente la sentencia y, por tanto, validar el sistema antiguo de tax lease, cuando ya hay otro en vigor. Esto pondría en el alero los contratos que los astilleros mantienen en negociación. Por ejemplo, el portavoz de la patronal gallega del metal Asime, Enrique Mallón, pidió ayer un proceso rápido para que los inversores “sepan a qué atenerse”, ya que están pendientes de cerrar hasta 16 contratos. Desde Pymar defienden la vía del recurso, pero no la de la medida cautelar, con la misma intención de hacer un proceso lo más rápido y menos traumático posible. De cualquier modo, el caso no ser resolverá con rapidez. Al igual que el Gobierno, los inversores también pueden hacerlo, bien contra la propia decisión de Bruselas, o bien para pedir que se ejecuten las cláusulas que se incluyen en algunos contratos y que indican que, dado un caso como el actual, las devoluciones tengan que correr a cargo de los propios astilleros.

Además, la legislación comunitaria permite el recurso en los tribunales del propio país, aunque los fallos suelen quedar supeditados a Luxemburgo. También podrá recurrir Holanda, que considera insuficiente el castigo dictado por la Comisión Europea. Todo esto llevaría a un proceso de, mínimo, dos años, y que podría alargarse toda vez que el fallo del tribunal de Luxemburgo es recurrible. La petición de las medidas cautelares, de darse, no se resolvería hasta finales de este año. Además, la legislación comunitaria permite el recurso en los tribunales del propio país, aunque los fallos suelen quedar supeditados a Luxemburgo. También podrá recurrir Holanda, que considera insuficiente el castigo dictado por la Comisión Europea. Todo esto llevaría a un proceso de, mínimo, dos años, y que podría alargarse toda vez que el fallo del tribunal de Luxemburgo es recurrible. La petición de las medidas cautelares, de darse, no se resolvería hasta finales de este año.

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Alvaro Platero (PYMAR): ´Ahora la situación es mucho mejor y no creo que ningún astillero corra peligro,  si el Gobierno recurre y tenemos que volver a parar, vale más dejarlo como está”

 

FARO DE VIGO, 23 Jul. (Vigo).- Álvaro Platero (Castropol, 1960) ha encabezado la lucha de los diecinueve pequeños y medianos astilleros españoles agrupados en la sociedad Pymar que por sorpresa se encontraron en el ojo del huracán de la Comisión Europea, que les planteó la devolución de la totalidad de las bonificaciones fiscales que España había concedido al sector naval. Casi 3.000 millones de euros. Era tanto como decirle a los astilleros que estaban tocados y hundidos. Tras maratonianas reuniones, viajes y negociaciones, el sector ha conseguido rebajar la cuantía de “la multa”, como Platero denomina la resolución definitiva de la Comisión, que establece la devolución de las bonificaciones entre 2007 y 2011.

-¿A cuánto ascenderá la factura final que deberán abonar los inversores?

-La parte más importante, la más cuantiosa, ya está pagada: Perdimos 50 barcos en dos años, unos 2.500 millones de euros, ¿no es eso bastante multa? Y además está el daño comercial, que es difícilmente evaluable, pero que es enorme. Mucho peor que las multas económicas es la falta de confianza que se genera en los armadores, de seguridad jurídica, de incertidumbre.

-Pues aún falta conocer la cuantía de las devoluciones.

-El primer borrador que nos presentó el comisario Joaquín Almunia exigía el pago de todo a inversores y armadores. Casi 3.000 millones de euros. Luego retiró a los armadores, y ahora Almunia le deja el cálculo a España. Esperemos que el Gobierno sea sensible y minimice los daños.

-¿Se excedió Almunia en su tarea?

-No sé si Almunia se excedió, pero en mi opinión sí se equivocó.

-O cumplió con su trabajo, porque las ayudas las concedió el Gobierno español.

-Bien, pudo haber falta de comunicación del Gobierno español sobre la entrada en vigor del tax lease antiguo; a lo mejor a alguien se le olvidó enviar los papeles. No lo sé, pero eso no parece motivo suficiente para montar el follón que se montó.

-Pero las ayudas eran ilegales.

-Nosotros entendemos que no se tenía que haber multado a España porque contábamos con la confianza legítima y seguridad jurídica hasta 2011. No hicimos nada ilegal. Nos limitamos a aplicar las leyes fiscales españolas. Es más, la antecesora de Joaquín Almunia al frente de Competencia, Nelly Kroes, puso por escrito en una carta que tras numerosas consultas e investigaciones, el sistema era legal.

-En Bruselas insisten en que el Gobierno español debería haber tomado medidas cuando se investigó a Francia.

-El Gobierno español no hizo nada, pero tampoco la Comisión Europea, y es ahí donde nosotros vemos el principio de inacción que alegamos. Los que desde luego no somos culpables en todo esto somos los astilleros y los armadores. Y lo único que queremos es que se cierre este asunto y empezar a trabajar, conseguir contratos y construir barcos.

-Dijo Almunia que sentía “vergüenza” de cómo se había jugado con el miedo de los trabajadores.

-Yo no sé qué sintió. Lo que sí sé es que si se hubiera aplicado el primer borrador, el que nos presentó el propio Almunia por sorpresa, teníamos que cerrar todos los astilleros de España. Era una barbaridad, porque los que no hubieran tenido que cerrar inmediatamente lo harían poco después, porque no habría armador ni inversor que quisiera venir a España. Con el segundo borrador, en el que se eximía a los armadores, y con el tercero, que se rebajaban los años, ya ningún astillero corría el riesgo de cierre inminente. Y digo inminente.

-Almunia rectificó varias veces. ¿Por qué cree que decidió eximir también a los armadores?

-Pues supongo que tendría que ver con que el 80 o el 90% de los armadores afectados eran extranjeros.

-Ahora hay una nueva ayuda o tax lease para el sector naval. ¿Está salvado el sector?

-Esto es una cuestión de confianza. Ahora la situación es mucho mejor y yo no creo que ningún astillero corra peligro. Pero insisto, nosotros lo que queremos es pasar página de una vez y que se deje de hablar de nosotros por conflictos.

-El Gobierno quiere analizar con los astilleros, los sindicatos y las autonomías afectadas si recurre al Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la Comisión. ¿Usted cree que debe hacerlo?

-Esa decisión la tendrá que adoptar el Gobierno cuando vea los informes de sus juristas. Si deciden hacerlo y pasa el tiempo pero a nosotros no nos afecta y podemos trabajar, pues ellos sabrán. Pero si supone que tenemos que volver a parar mientras se resuelve, entonces vale más dejarlo como está. Pero bueno, es una cuestión técnica de los abogados y el Gobierno.

-Los plazos para poner las cuentas en orden son ajustados.

-En dos meses se tiene que tener la información previa, y en cuatro, el dinero recuperado. Son seis meses en total. Los de Hacienda van a tener mucho trabajo, porque de lo que han puesto los inversores, una parte sí es compatible con las ayudas y otra no. Así que tendrán que mirar barco por barco y armador por armador.

-¿Ustedes, desde Pymar, han echado números?

-No tengo ni idea de cuánto dinero puede ser. Hay que esperar a ver qué dice Hacienda.

-Almunia desea un futuro “brillante” al sector y dice que cuenta con muchas ayudas para ello.

-Pues que yo sepa, específicas para el naval solo hay el tax lease y el Real Decreto 4.4.2., que establece ayudas a la inversión. Hay otras ayudas, como las de I+D, pero son generales y para cosas específicas.

-Hablando del gran público. ¿Les ha sorprendido el apoyo que han tenido en este conflicto?

-La verdad es que nos desbordó el apoyo popular. Nos llamaron medios de comunicación que no sabíamos ni que existían, y recibimos cartas de apoyo de instituciones y asociaciones que desconocíamos. En cualquier sitio oías hablar del tax lease y escuchabas el apoyo de la gente. Ahora tenemos que saber aprovechar este tirón para que se sepa que este sector es puntero, que sabemos hacerlo muy bien y que generamos riqueza. Porque hasta ahora la imagen que se tenía era la del conflicto, la de los follones.

-Siente cierto… resquemor contra Almunia.

-No, a nivel personal no tengo nada que decir. Al contrario, siempre nos trató bien, de manera cordial y amable. Otra cosa es que se equivocara. Él hizo su trabajo, y seguro que le hubiera sido mucho más fácil dejarse llevar. Seguro que a nivel personal le dolió y que todo este follón no le hace ni pizca de gracia.

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