El director del Foro Marítimo Vasco pide al ministro Montoro que sea “ágil” y ejecute las devoluciones “de la manera menos lesiva para el sector”
DIARIO DEL NORTE, 19 Jul. (Bilbao).- El día después del mazazo de la Comisión Europea al sector naval español tras la decisión de obligar a los inversores a devolver “las ayudas ilegales” concedidas a través del sistema ‘tax lease’, en el Foro Marítimo Vasco tienen un sabor agridulce. Su director gerente, Javier López de Lacalle, pone sobre todo en valor “la presión política y social que hemos vivido estos días” para evitar males mayores, como los que el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, había puesto negro sobre blanco en el primero de los tres borradores que se han ido elaborando en relación con las ayudas al sector naval español a través del ‘sistema tax lease’. “Sin esa presión política y social que hemos vivido estas semanas ahora estaríamos mucho peor. Es verdad que la resolución es absolutamente injusta y discriminatoria”, declara en una conversación con EDN.
Aunque reconoce que el nuevo sistema ‘tax lease’ -comunicado a la Comisión Europea en marzo de 2012 y declarado compatible con la normativa europea en noviembre de 2012- se ha clarificado el futuro, la decisión adoptada esta semana es del todo “esperpéntica, deja sin seguridad jurídica y legal” al sector y sitúa nuestra realidad próxima a una situación “tercermundista”.
Javier López de Lacalle no tira la toalla. Sabedor de que está ligado desde hace años a un sector en continua reconversión, se ve como un superviviente más dentro de un sector especialmente castigado. Pero no para de subrayar la importancia de que las aguas vuelvan a su cauce y la seguridad jurídica se imponga después de tantos años de indefinición desde que se abrió el expediente comunitario.
¿Y a partir de ahora, qué? López de Lacalle cree que lo urgente es enviar un mensaje de tranquilidad a la parte que ha salido más perjudicada por la resolución, los inversores. “Sin los bancos, sin los estructuradores, en definitiva, sin los inversores esto no funciona. No se pueden construir barcos. Al inversor hay que darle seguridad para que siga financiando la construcción de buques. Lo que necesita es seguridad jurídica. Es verdad que aquí tenemos los mejores barcos del mundo y los más competitivos, pero resoluciones como ésta lo único que hacen es espantar a los inversores del sector”.
Es verdad que aquí tenemos lo mejores barcos del mundo y los más competitivos, pero resoluciones como ésta lo único que hacen es espantar a los inversores del sector.
¿Y la posibilidad de que se recurra la decisión ante el Tribunal de Justicia europeo? Ante esta cuestión, el director del Foro Marítimo se muestra prudente, a la espera de leer con detenimiento los más de 50 folios de la resolución de la Comisión. “Es prematuro hablar de ello, pero lo que tenemos claro es que no es bueno iniciar ahora un periplo de demandas judiciales en el sector naval. No sería bueno demandas cruzadas en el sector, de unos contra otros. El inversor lo que necesita es seguridad jurídica y no sería bueno tener que estar esperando a que los tribunales fallaran dentro de unos años. El sector lo que necesita son garantías y tranquilidad”, añade. De todas formas, es consciente de que el sector se reserva cualquier decisión sobre las posibles acciones legales que les puedan corresponder para defender sus intereses.
Por eso Javier López de Lacalle cree que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene un papel fundamental a partir de ahora. En los dos meses que tiene por delante Montoro para definir la lista de los inversores afectados por las devoluciones, así como las fórmulas que se van a activar desde el ministerio para proceder a esas devoluciones de las bonificaciones fiscales, el director del Foro Marítimo espera del Gobierno español una especial sensibilidad. “Montoro debe ser lo más ágil posible, interpretativo y sobre todo tiene que minimizar al máximo los efectos de la resolución de la Comisión. Debería ejecutar las devoluciones de la manera menos lesiva, por el lado que favorezca más a los inversores afectados”, apunta López de Lacalle. En total son 273 los buques que se han construido desde 2002 siguiendo el sistema de financiación ‘tax lease’ que ahora la Comisión ha declarado ayudas estatales ilegales e incompatibles con la normativa comunitaria sobre la competencia.
Pero desde el Foro Marítimo Vasco ya se está pensado en el futuro. Este cluster de empresas, asociaciones e instituciones de los astilleros dedicado a la defensa y promoción de la industria marítima en Euskadi va a jugar un papel importante a partir de ahora porque el Gobierno vasco tiene previsto articular en torno a él un grupo de trabajo para diseñar la hoja del ruta del sector. “El mismo día de la resolución del Colegio de Comisarios me llamó la consejera y hemos quedado en articular un grupo de trabajo que inicie sus reuniones en septiembre. Mientras tanto, trabajaremos junto al Ejecutivo en el plan estratégico 2013-2016 para estudiar desde ya cómo podemos vender mejor, políticas de internacionalización, la búsqueda de nuevos nichos de mercado, profundizar en los esfuerzos de innovación que ya se han hecho a la hora de construir buques, etc.,”.
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Los astilleros son «moderadamente optimistas» si el Gobierno es «benevolente». Pymar calcula que la devolución de las ayudas afectará a 200 buques y prevé contratos a corto plazo para otros 40 con el nuevo «tax lease»
Se evitó el naufragio. La patronal de astilleros privados y todo el sector dieron por buena la solución menos mala ofrecida por la Comisión Europea (CE), que obliga a sus inversores a devolver al Estado español las ayudas obtenidas de 2007 a 2011 acogidas al anterior sistema de «tax lease». Será ahora el Gobierno central, contrario a la devolución de estas ayudas, el que deberá acotar y cuantificar las mismas y, dada su complejidad porque unas partidas podrían acogerse a otros beneficios, el sector confía en que el impacto sobre las cuentas de las empresas no sea tan devastador como se apuntaba de haberse aplicado el primer borrador de devolución que ampliaba el plazo a 2005. Los astilleros españoles calculan que la resolución definitiva de Bruselas afecta a 200 buques.
El presidente de Pymar, la patronal de astilleros privados, el asturiano Álvaro Platero, participó en un desayuno informativo en el hotel Ritz de Madrid y expresaba así la opinión de los diecinueve astilleros a los que representa: «Esta nueva resolución no nos gusta, pero es muchísimo mejor que el primer borrador. Somos moderadamente optimistas. Ahora hay que leer bien la letra pequeña y concretar cuánto dinero hay que devolver. Hacienda hará lo que tenga que hacer, pero confío en que la aplicación sea moderada, aunque no pueden hacer lo que ellos quieran».
El primer borrador presentado por el comisario de Competencia y vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia, obligaba a la devolución de ayudas concedidas entre 2005 y 2011, mientras que el definitivo reduce el plazo a 2007-2011. Además, la CE da un importante margen de maniobra al Gobierno español para que evalúe las cantidades que le han de restituir los inversores. En espera de la cuantificación, el sector confía en que lo haga con la suficiente «benevolencia» para que no suponga el ahogo económico de su actividad. «El primer borrador nos dejó boquiabiertos. Nos puso en pie de guerra y habría supuesto el fin de los astilleros privados», afirmó Platero.
El expediente de la Comisión a España se abrió en 2011 y desde entonces Platero cuantificó en 50 los barcos que se han dejado de construir en nuestro país. Con el nuevo sistema de «tax lease» ya en vigor, los empresarios confían en cerrar en breve la contratación de 40 buques.
La concesión de ayudas declaradas ilegales se realizó de forma individual a cada uno de los 200 barcos que se acogieron a ellas, por lo que la devolución de las mismas se hará también de forma individual. «Hacienda está trabajando en ello y espero que sepamos pronto a cuánto ascienden las devoluciones. Confiamos en que el Gobierno actúe con sensatez y de la forma menos drástica posible», afirmó Platero. Ahora, los grupos inversores -los obligados a pago toda vez que astilleros y armadores han quedado excluidos de responsabilidad- pueden interponer recursos para que les devuelvan las ayudas que tienen que reintegrar: «Invertir en barcos no era un chollo para ellos. Nosotros queremos cerrar cuanto antes esta página, pero seguro que éstas empresas recurrirán contra quien haga falta», sostuvo Platero, quien contestó a Almunia sobre las declaraciones de éste acerca de que los astilleros habían exagerado el daño que les iba a producir la devolución de ayudas: «Almunia nos metió en este berenjenal y él nos podía haber sacado».
Graciano Torre, consejero de Economía del Principado, hizo las veces de presentador de Álvaro Platero. «Lo conseguido es mucho mejor que la situación anterior. Ahora hay que recobrar la confianza de los inversores en el nuevo “tax lease” y esperar que Hacienda haga una interpretación rigurosa pero no descabellada y se minimicen los daños».
Juan Carlos Liébana, secretario de política industrial de CC OO, comentó que «no estamos satisfechos, pero hemos conseguido un gran avance gracias a la presión de todas las partes: políticos, patrones, trabajadores… Hay que valorarlo de forma positiva». Ahora queda la pelota en el tejado del Gobierno: «Esperamos que el Gobierno encuentre el camino para que el sector naval tenga continuidad y futuro».
Severino García Vigón, presidente de la patronal asturiana FADE, que también asistió a la ponencia de Platero, confió en que «haya buena predisposición por parte del Gobierno y que lo haga rápido. Lo deseable es que se cierre este capítulo cuanto antes, pasemos página y que los astilleros puedan cerrar ya nuevos contratos».
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El Consejo de Ministros estudia hoy un recurso a la resolución de Bruselas sobre el ´tax lease´
Los servicios jurídicos del Gobierno preparan ya un recurso contra la resolución de Bruselas sobre el tax lease, que obliga a los inversores del antiguo sistema de arrendamiento financiero de los astilleros a devolver las ayudas ilegales percibidas entre 2007 y 2011. El titular de Industria, José Manuel Soria, entregará esta mañana un informe al Consejo de Ministros en el que se recomienda recurrir la decisión de la Comisión Europea (CE) ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y solicitar medidas cautelares para frenar cualquier reembolso. “El Gobierno español irá hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de quienes han invertido en la construcción de barcos”, manifestó el ministro.
La premura del Ejecutivo por plantar batalla jurídica a Bruselas contrasta con la actitud de los sindicatos y del propio sector, que apuestan por evaluar el impacto de la devolución antes de tomar medidas más contundentes. El presidente de Pymar (sociedad que representa a 19 astilleros privados), Álvaro Platero, afirmó ayer en Madrid en un acto de Fórum Europa que el sector es “moderadamente optimista” sobre la resolución del tax lease, que afectaría a unos 200 buques construidos en ese periodo. El vicepresidente de la CE y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, reconoció por su parte que se siente “dolido” y “avergonzado” por cómo se ha “jugado con el miedo de los trabajadores” de los astilleros españoles y aseguró que se han exagerado “hasta límites inimaginables” las consecuencias de la decisión.
Además del recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, el Gobierno pedirá medidas cautelares para suspender la devolución de las ayudas del tax lease mientras “no se sustancie el recurso”. “Una cosa es que recurran las agrupaciones de interés económico y otra el recurso que puede interponer España como Estado ante una decisión de la CE”, explicó el ministro Soria antes de participar en un acto en Valencia. El titular de Industria insistió en que España cuenta con argumentos jurídicos “más que suficientes” para rebatir la decisión de Bruselas, y recalcó que el Gobierno va a intentar que “el impacto de la devolución sea el mínimo posible, siempre dentro de la literalidad de la decisión”.
El sector naval valora que sea el Gobierno el que deba cuantificar y concretar qué ayudas de tax lease fueron legales y cuáles hay que reembolsar. “Esta nueva resolución no nos gusta, pero es muchísimo mejor que el primer borrador. Somos moderadamente optimistas. Ahora hay que leer bien la letra pequeña y concretar cuánto dinero hay que devolver. Hacienda hará lo que tenga que hacer, pero confío en que la aplicación sea moderada, aunque no pueden hacer lo que ellos quieran”, resumió Álvaro Platero ante representantes de astilleros, industrias auxiliares y sindicatos.
Aunque se desconoce el valor total de las bonificaciones fiscales que deben reintegrar los inversores por ser contrarias a las leyes de competencia de la UE, los astilleros sí saben que la resolución de Bruselas afecta a unos 200 buques de los 273 que se contrataron a través del tax lease. “Esperemos que el Gobierno actúe con sensatez y de la forma menos drástica posible”, afirmó Platero.
El comisario de Competencia, responsable último de la resolución del tax lease y blanco de críticas durante toda la tramitación del expediente, reconoció ayer en declaraciones a la Cadena Ser sentirse “dolido” y “avergonzado” por cómo se ha “jugado con el miedo de los trabajadores” y denunció que se ha exagerado “hasta límites inimaginables” el impacto que la decisión del Colegio de Comisarios tendrá sobre el sector naval. Almunia también asumió que el Gobierno español está en su derecho de recurrir la resolución, pero que deberá aportar argumentos jurídicos que sostengan su posición.
Mesa del naval
Ministerio de Industria, los gobiernos de Galicia, País Vasco y Asturias; los astilleros de Pymar y los sindicatos CC OO y UGT volverán a reunirse en las próximas semanas para estudiar al detalle la resolución del tax lease y su impacto en el sector naval. Al igual que Soria, tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el lehendakari Íñigo Urkullu ya se han mostrado a favor de recurrir la decisión de los comisarios y de solicitar medidas cautelares.
