El sector advierte de que la carta de la anterior comisaria de Competencia es la “punta del iceberg” de una larga negociación entre la Comisión y las autoridades españolas
FARO DE VIGO, 14 Jul. (Vigo).- Almunia fue tajante en la reunión del pasado jueves en Bruselas con los representantes de la defensa española del tax lease (Ministerio de Industria, gobiernos de Galicia, Asturias y País Vasco; Pymar, CC OO y UGT): “Esta carta ha sido analizada por los servicios de la Comisión y desde el punto de vista jurídico no se puede tener en cuenta”. Los astilleros, en cambio, aseguran que Almunia no dice la verdad y advierten de que tienen “abundantes pruebas documentales” de la citada negociación entre Competencia y Transportes y las autoridades españolas, que ponen a disposición de los servicios jurídicos de la CE, dirigidos por el también español Luis Romero Requena. “Esa carta es solo la punta del iceberg”, apuntaron las mismas fuentes.
A esto se suma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que equipara los efectos jurídicos producidos por una carta escrita por un director de la Dirección General de Competencia de la CE (un rango inferior a un comisario, como en el caso del escrito de Kroes) a los efectos jurídicos que se atribuyen a una decisión de la Comisión (ver la edición de FARO de ayer sábado), y la inacción de la propia CE durante nueve años, que aportó seguridad jurídica suficiente como para que no tengan que reembolsar las ayudas. “De confirmarse el borrador obligando a la devolución de las ayudas, Almunia estaría firmando una resolución que iría en contra del criterio aplicado por la Comisión en el caso francés de 2006 y supondría también un trato discriminatorio para los inversores frente al resto de operadores, astilleros y armadores”, argumentaron desde el sector.
Por todo esto, el sector se plantea “tomar acciones legales contra Almunia y Kroes”. Los astilleros argumentan que exigir el reintegro de las bonificaciones fiscales aplicadas entre 2005 y 2011 a los inversores y a los bancos dejará al sector tocado de muerte y hará inútil el nuevo sistema de arrendamiento financiero que aprobó la propia comisión en noviembre del año pasado y que aún no ha permitido la contratación de un solo barco desde entonces. Sin inversores ni bancos se cerrará definitivamente el grifo de la financiación al sector, abocando a la extinción a una mayoría de los 19 astilleros privados españoles, a decenas de industrias auxiliares y a más de 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
“Si la Comisión no pone fin a esta guerra comercial fratricida en el seno de la UE, los astilleros españoles añadirán a la demanda ya interpuesta contra Holanda, otras ya preparadas contra Francia y Polonia”, reconocieron a FARO fuentes del sector.
Ofensiva política en Bruselas
Los próximos dos días serán cruciales para el futuro del naval español. Astilleros, sindicatos, fuerzas políticas, Gobierno, comunidades e incluso alcaldes tienen previsto desplazarse a Bruselas para un último pulso desesperado antes de que el miércoles el Colegio de Comisarios de la CE decida en una votación y el sector vive o muere. Mañana lunes tendrá lugar una reunión preparatoria de los jefes de gabinete de los comisarios, en la cual se concretará la agenda y el enfoque de los temas a tratar el miércoles. España cuenta como aliados en la votación a los comisarios de Industria, Antonio Tajani (Italia), y Empleo, Lázsló Andor (Hungría). También el Comité Económico y Social (CES) europeo se ha mostrado solidario con las peticiones españolas por el daño irreparable que una resolución negativa podría infligir a la industria y al empleo en un país con una tasa de paro del 27%. El sector también confía en que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, interceda directamente con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, para modificar la propuesta de Almunia y que no haya que devolver las ayudas.
