Administraciones y sector apuran la defensa jurídica para la reunión del próximo jueves. Anave dice que el Estado español tiene “responsabilidad” por haber aprobado las bonificaciones y confía en un dictamen favorable de la UE
FARO DE VIGO, 05 Jul. (Vigo).- A falta de que el Colegio de Comisarios de la CE tome una decisión definitiva el próximo 17 de julio, y a pesar de que el responsable máximo de Competencia, Joaquín Almunia, reconoció esta semana que hay “margen” para reconsiderar su propuesta, ésta ya ha provocado la cancelación de varios contratos firmados en los últimos meses y que aún no habían entrado en vigor, según denunciaron ayer fuentes de los astilleros, que añadieron que los bancos también han cerrado el grifo del crédito “en seco”.
Esta situación ha dejado al sector en una situación de “parálisis absoluta”, a la espera de que la reunión del próximo jueves de la delegación española (Gobierno, comunidades autonómicas, astilleros y sindicatos) en Bruselas con Almunia arroje “algo de luz”. Ministerio de Industria y los gobiernos de Galicia, País Vasco y Asturias trabajan contrarreloj para pulir la defensa jurídica del tax lease que exige ahora el comisario español. Según indicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Industria ya ha enviado a Competencia unos argumentos jurídicos “más perfilados” a favor de que no se tengan que devolver las ayudas (más de 2.800 millones de euros), aunque desde los astilleros se insiste en que se trata de una “batalla política” y no jurídica.
Con independencia del resultado de la reunión del próximo jueves y de la cumbre del día 17, los astilleros ya han perdido varios contratos que tenían atados; algunos a favor, además, de los denunciantes del sistema español de tax lease, los constructores navales holandeses. Según ha podido saber FARO, un astillero vasco se ha quedado sin cuatro remolcadores para operar en el mar del Caribe, que ha ido a parar al grupo neerlandés Damen. No es el único caso. Otra factoría naval española ha perdido también un contrato que tenía prefirmado, en su caso, a favor de un astillero de Singapur. Fuentes del sector indicaron que ésta es la tónica general desde que se filtró el borrador del comisario Almunia, y que a mayores la banca ha cerrado cualquier acceso a financiación, ante las dudas de que el fallo del tax lease sea negativo y finalmente las atarazanas españolas tengan que asumir la devolución de más de 2.800 millones.
Especialmente contundentes se mostraron ayer los navieros, que alertaron de que habrá una avalancha de pleitos contra los astilleros en caso de que el fallo del tax lease vaya en su contra. La Asociación de Navieros Españoles (Anave), reconoció que sería el “certificado de defunción” del sector naval. Los navieros dan por válida la tesis de los astilleros de que los afectados trasladarán a estos últimos la responsabilidad del pago. “Se produciría un efecto en cadena, porque los armadores pleitearían”, reconoció Adolfo Utor, presidente de Anave.
De los 270 buques construidos a partir de 2005, 180 fueron encargos de inversores extranjeros, quienes no solo podrían iniciar reclamaciones judiciales, sino que dejarían de confiar en España. La devolución de las ayudas “sería un atentado contra la seguridad jurídica que haría perder todos los clientes y que perjudicaría a España”, denunció también la patronal, antes de advertir del impacto que la devolución podría tener en la banca, que ejerció en muchos casos de financiadora de los proyectos.
El sector naval se aferra al “margen” anunciado el miércoles por Almunia para cambiar la resolución del tax lease, aunque asegura que ya se han presentado argumentos jurídicos suficientes para no exigir el reembolso de las ayudas. La defensa española se basa en dos principios fundamentales:
Confianza legítima. Es un principio de derecho comunitario derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo de la confianza legítima es proteger las expectativas que se hayan podido crear en los operadores sobre la estabilidad de una determinada situación jurídica con base en las actuaciones de las instituciones comunitarias. Por ejemplo, en el caso del naval, que la anterior Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, expresase en una carta que el régimen de tax lease español no era discriminatorio y que determinaba que no se debían realizar más actuaciones en relación al mismo, generó confianza legítima en el sistema.
Seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica está íntimamente relacionado con el anterior, y exige que las normas jurídicas sean claras y precisas y que su aplicación resulte predecible para los operadores. En el caso del tax lease, el hecho de que la Comisión no actuase en contra del régimen de tax lease en nueve años, unido a las decisiones adoptadas por la CE en ese periodo en las que señalaba que el sistema español no contenía ayudas de estado, indujo a los participantes en las operaciones investigadas a creer de buena fe que el sistema que se estaba aplicando era compatible con el derecho comunitario.
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Industria apela a la seguridad jurídica para defender los astilleros
El Gobierno y los astilleros llevan desde el año 2011 aportando a Bruselas argumentos jurídicos para conseguir una resolución favorable en el expediente que instruye la Comisión Europea (CE) sobre el régimen de bonificaciones fiscales denominado ‘tax lease’ que utilizó la industria naval española desde el 2002 y hasta su suspensión. Por eso, encontrar razones que no hayan sido esgrimidas durante los dos años de instrucción del expediente parece una misión poco menos que imposible. Sin embargo, el planteamiento que el miércoles realizó el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, animando a los afectados a presentar «nuevos argumentos jurídicos» que permitan modificar la dura resolución que ha preparado su departamento, ha llevado al Gobierno español a dar una vuelta de tuerca a su argumentario para reforzar su posición ante Bruselas.
En las últimas horas, el ministerio ha remitido a la CE nueva documentación, según desveló ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que se «concretan» y «perfilan» los principios jurídicos en los que se basa España para justificar la no devolución de las ayudas. Se trata de los principios de «no discriminación» y «seguridad jurídica» al considerar el Gobierno que no se puede «castigar» a un sector «por haber cumplido la ley».
Recuerda el Ejecutivo español que la propia CE avaló hasta en dos ocasiones antes de suspenderlo el sistema fiscal español, que combinaba una amortización anticipada y acelerada de bienes, asegurando que «no era discriminatorio». Primero en 2004, a raíz del denominado ‘matching’ holandés que llevó a cuatro astilleros de ese país a recibir de su gobierno una prestación económica de 20 millones de euros para poder competir en precios con los astilleros españoles, a los que ya acusaban entonces de recibir ayudas ilegales. Después, en 2009 cuando la anterior comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, manifestó por escrito a la entonces ministra de Industria de Noruega (uno de los países que conjuntamente con Holanda y Alemania impulsaron la denuncia contra el ‘tax lease’ español en 2006), Sylvia Brustad, que el sistema español «no era discriminatorio» y que la Comisión, por tanto, no tenía intención de tomar medidas en este sentido.
El hecho de que ahora se haya cambiado de criterio supondría vulnerar, según el Gobierno español, otro principio fundamental del derecho europeo: el de confianza legítima. Se trata de un principio jurídico que ha estado muy presente en la jurisprudencia comunitaria y nacional en las últimas décadas. Está, incluso, recogido en el artículo 3 de la Ley de Reforma del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece que hay que respetar los principios de buena fe y confianza legítima.
Así, según el Gobierno, ni hay razones jurídicas de peso para suspender el ‘tax lease’, por el principio de confianza legítima ni por el de seguridad jurídica, ya que la Comisión tiene conocimiento del sistema de bonificaciones fiscales desde el año 2002 y no puso pegas hasta 2011.
En este sentido, la Asociación de Navieros Españoles (Anave) aseguró ayer que la devolución del ‘tax lease’ solo debería afectar al periodo que comienza en septiembre de 2011, que es cuando Bruselas abrió el expediente. Una fecha que contrasta con la de 2005 que ha manejado públicamente el comisario de Competencia y que corresponde al momento en el que se reconoció la ilegalidad de las ayudas concedidas por Francia, país que nunca tuvo que restituirlas. La asociación de navieros considera asimismo que «el Estado español deberían hacer frente a una responsabilidad» por haber aprobado las bonificaciones durante años.
«Tenemos la razón»
El presidente de la sociedad de pequeños y medianos astilleros en reconversión (Pymar), Álvaro Platero, ha recibido con «prudencia» las últimas manifestaciones de Almunia, pero convencido de que «tenemos la razón». Platero, también presidente de Astilleros Gondán, realizó estas declaraciones frente a los 200 trabajadores del astillero que ayer se concentraron y secundaron un paro de una hora para exigir una solución favorable al expediente del ‘tax lease’. En el otro gran astillero de la región, Armón, con sedes en Navia y Gijón, no hubo concentraciones y se trabajó con normalidad. Esta empresa resulta menos afectada por esta situación al construir barcos más pequeños que no necesitan las bonificaciones fiscales.
Las concentraciones de protesta se repitieron en Vigo, Ferrol, Cantabria, Cádiz, Cartagena y País Vasco. La más concurrida fue la manifestación que protagonizaron los trabajadores del naval vigués. En la protesta se lanzaron botes de pintura y tornillos y se quemaron dos contenedores.
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Anave dice que el Estado español tiene “responsabilidad” por haber aprobado las bonificaciones y confía en un dictamen favorable de la UE
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) se muestra en contra de la devolución de las bonificaciones fiscales al sector, conocidas como ‘tax lease’, pero considera que, en caso de que haya que restituirlas, la medida solo debería afectar al periodo que comienza en septiembre de 2011, que es cuando Bruselas abrió el expediente.
En una rueda de prensa, el presidente de Anave y de Balearia, Adolfo Utor, indicó que desde la publicación de este “dictamen motivado” de la UE el 21 de septiembre 2011, apenas se produjeron encargos por parte de las navieras y de los inversores “ante la posibilidad de que los ‘tax lease’ pudieran ser ilegales”.
La fijación de esta fecha como referencia para la devolución contrasta con la de 2005 que ha manejado públicamente el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, correspondiente al momento en el que se reconoció la ilegalidad de las ayudas concedidas por Francia, país que nunca tuvo que restituirlas. Fijar la referencia en 2005 en el caso español obligaría a devolver casi 3.000 millones de euros.
Utor pidió al comisario de Competencia “que no se equivoque” y que no condene al sector a devolver unas ayudas que fueron además avaladas por el Gobierno español. “Una resolución en este sentido”, indicó acerca de la devolución, “supondría el certificado de defunción” para el sector.
Los navieros forman junto a los financiadores los grupos que deberían devolver los ‘tax lease’, si bien el presidente de Anave dio por válida la tesis de los astilleros de que los afectados trasladarán a estos últimos la responsabilidad del pago. Se produciría un “efecto en cadena” porque los armadores “pleitearían con los astilleros”, advirtió.
De los 270 barcos construidos a partir de 2005, periodo de análisis manejado por la UE, 180 fueron encargos de inversores extranjeros, quienes no solo podrían iniciar reclamaciones judiciales, sino que dejarían de confiar en España.
A pesar de que ya existe un nuevo ‘tax lease’ en el que se han eliminado posibles elementos contradictorios con la legislación comunitaria, el sector se encuentra en estado de “parálisis”, lamentó Utor. Los astilleros están viviendo una especie de “periodo vacacional”, sin apenas pedidos.
IMPACTO EN LOS BANCOS
La devolución de las ayudas “sería un atentado contra la seguridad jurídica que haría perder todos los clientes y que perjudicaría a España”, afirmó, antes de advertir del impacto que la devolución podría tener en la banca, que ejerció en muchos casos de financiadora de los proyectos.
La concurrencia de intereses internacionales hace que Anave se sienta confiado en que varios comisarios se muestren partidarios de la no devolución de los ‘tax lease’ españoles durante la reunión del Colegio de Comisarios del 17 de julio, en la que se adoptará la decisión final.
“Hemos tenido contactos” y apreciado una “buena aceptación” entre los socios de la UE, por lo que la asociación espera un “apoyo importante” a las tesis españolas una vez se estudien en “profundidad” los nuevos argumentos, señaló.
Otro de los argumentos que maneja la asociación, y que ya fue adelantado ayer por el ministro de Industria, José Manuel Soria, es una carta remitida por la excomisaria de Competencia Neelie Kroes en la que se aceptaban las bonificaciones.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
La asociación de navieros considera además que “el Estado español deberían hacer frente a una responsabilidad” por haber aprobado las bonificaciones durante años. “Todos los casos de ‘tax lease’ fueron avalados por la Dirección General de Tributos”, recordó.
“El Gobierno ha ido aprobando una por una todas las operaciones, por lo que existe desde el punto de vista jurídico una responsabilidad del Gobierno español”, añadió Utor.
