El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, mostró ayer su «indignación» por el planteamiento del Principado «de hundir los puertos de interés general para salvar la ZALIA». Ésa fue su reacción ante el llamamiento de la Consejería de Fomento del Principado al Gobierno central para que autorice a los puertos de El Musel y Avilés a acudir a una ampliación de capital de la zona logística.

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Puertos del Estado cuestiona el plan de viabilidad de la zona logística por la caída del precio del suelo y las escasas posibilidades de vender parcelas

LA NUEVA ESPAÑA, 03 Jul. (Gijón).- La ZALIA recurrió a un crédito bancario del que hasta ahora ha utilizado 78 millones de euros para las expropiaciones y urbanización de 107.000 m2 en San Andrés de los Tacones. Crédito que ya debería haber comenzado a devolver, pero no puede al haber vendido sólo una parcela del nuevo terreno industrial, que carece aún de conexiones ferroviarias y de viales adecuados. La sociedad está renegociando la reestructuración de la deuda con los bancos, que exigen avales de todos los socios. La ZALIA está controlada por el Principado, que posee un 40% de la sociedad. Los ayuntamientos de Gijón y Avilés cuentan con un 10% y un 5%, respectivamente, y los dos puertos suman el 45% restante (30% Gijón y 15% Avilés).

Puertos del Estado ha rechazado incluir sendas partidas de 2,7 y 1,35 millones de euros en los presupuestos de El Musel y del puerto de Avilés de 2014, respectivamente, para acudir a la ampliación de capital de la Zona Logística. Además de esa aportación inmediata, la propuesta del Principado supondría que los socios de la sociedad tendrían que avalar los 96 millones de euros hasta los que negocia elevar la línea de crédito. Eso supone que el Puerto de El Musel tendría que avalar más de 28 millones de euros y el de Avilés más de 14 millones, algo a lo que no está dispuesto Madrid.

En la renegociación de la deuda de la ZALIA, las entidades financieras exigen que todos los socios de la zona logística sean avalistas, en previsión del vencimiento de esos créditos sin que la zona logística pudiera afrontar su devolución. Actualmente sólo actúan como avalistas el Principado (en un 75% de la deuda) y los ayuntamientos de Gijón y Avilés (mediante sendas cartas de conformidad), pero no los puertos. Llorca no está dispuesto a que cambie esa situación, pactada cuando se constituyó la zona logística. El máximo representante de Puertos del Estado considera que ahora «se pretende que el Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, cubra de alguna forma la incapacidad de hacer frente a los créditos avalados por el Principado».

Llorca insistió en que la financiación directa más los avales pondrían en cuestión el futuro de los puertos. Recordó que El Musel «ya afronta una deuda enorme» por la ampliación y se enfrenta a un pleito judicial por el que le reclaman otros 350 millones de euros, por el mismo motivo. En el caso de Avilés, una mayor implicación en la ZALIA provocaría «una inestabilidad financiera tremenda» en un momento en el que se están afrontando las obras de la margen derecha de la ría.

«Estamos indignados con la comunidad autónoma, parece que lo que quiere el Principado es hundir a los puertos, porque todos sabemos cómo están económicamente y no aguantan soportar financieramente el tema de la ZALIA», señaló José Llorca. En su opinión la postura del Principado supone «que hundamos los puertos, generadores de riqueza para Asturias, por salvar la zona logística», aportando unos fondos que sólo servirían para seguir pagando la deuda bancaria y «aguantar la situación no más de dos o tres años».

Llorca señaló que los técnicos de Fomento han puesto en duda el estudio de viabilidad de la ZALIA que el Principado le remitió, que dice que la zona logística se va salvar con la venta de parcelas en los próximos años, algo que «nadie cree factible tal como están los mercados». Y no sólo por las escasas probabilidades de venta de las parcelas previstas por el Principado, sino también por sus precios: «Los suelos de la zona logística ya no valen lo que valían, porque el precio del suelo se ha devaluado en este país, porque no hay demanda», tal como se ha visto en el caso de la zona logística de Valencia, señaló.

Llorca considera que el planteamiento de la Consejería lo único que busca es «echar una patada adelante, para aguantar dos años hasta que acabe la legislatura y luego seguir con el mismo problema de la ZALIA, porque no se afronta el problema de su viabilidad financiera», algo que pasaría, en opinión del presidente del organismo estatal, por implicar a la iniciativa privada en la «comercialización y soporte de la zona logística». En ese sentido, Llorca también apuntó la alternativa de que el Principado ofrezca a alguno de los bancos acreedores (BBVA, Banco Santander, Caixabank y Novacaixa) tomar una participación en la ZALIA, tal como hizo la Kutxa en Arasur, una zona logística en Álava vinculada a los puertos vascos.

Llorca recordó que lo que procede en esta situación de crisis es «racionalizar los organismos públicos». También señaló, sin citar expresamente a la ZALIA, que «en España se hicieron muchos desarrollos logísticos a lo bobo, de forma indiscriminada, sin tener en cuenta la evolución de la logística».

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