El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se reunirá con el Gobierno español para abordar la posible devolución de las ayudas financieras a la construcción naval cuando el Ejecutivo presente nuevos argumentos para ello.

cmefoto03d

Gobierno, partidos, sindicatos, CCAA y patronal suman fuerzas por el sector naval

EFE, 02 Jul. (Madrid).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se reunirá con el Gobierno español para abordar la posible devolución de las ayudas financieras a la construcción naval cuando el Ejecutivo presente nuevos argumentos para ello. Fuentes del Ministerio de Industria han indicado a Efe que Almunia ha decidido retrasar el encuentro solicitado por el Gobierno hasta que este presente nuevos argumentos por los que considera que el sector naval español no debería devolver las ayudas fiscales recibidas entre los años 2005 y 2011.El comisario apuntó la pasada semana que el próximo día 17 presentará al Colegio de Comisarios de la CE una propuesta para que España devuelva las bonificaciones fiscales a la financiación de la construcción de buques (mecanismo conocido como “tax-lease”) del periodo 2005-2011, que ascienden a unos 2.000 millones de euros. Esta propuesta ha despertado el rechazo del Gobierno, las comunidades autónomas, los partidos de la oposición, los sindicatos y la patronal del sector. Ayer, el ministro de Industria anunció que pediría un encuentro con Almunia junto a los gobiernos los autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco y la patronal de los astilleros privados Pymar, a los que hoy se han unido los sindicatos CCOO y UGT. Soria defendió “la no devolución de las ayudas” que el sector había recibido en forma de beneficios fiscales, una pretensión que, en su opinión, “no era ni es gratuita, sino que tiene sólidos fundamentos jurídicos”.

——–

Álvaro Platero, PYMAR: “Ganaremos en los tribunales, pero será tarde para los astilleros”

Al sector naval le restan dos semanas de una partida a vida o muerte. La suerte parece echada, pero el presidente de la patronal Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), Álvaro Platero (Castropol, 1960), aún lucha “para que se imponga la razón”. Esto es, que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, retire su propuesta que establece la devolución de 2.800 millones de euros en bonificaciones fiscales con los que se financió la construcción naval entre 2005 y 2011. Su voz al otro lado del teléfono destila la misma irritación con la que el pasado jueves increpó a Almunia en un acto público.

 

Álvaro Platero pide que se retire la propuesta que obliga a devolver 2.800 millones de euros

 

EL PAIS, 03 Jul. (Madrid).- Pregunta. ¿La increpación a Almunia fue un impulso o una decisión premeditada?

Respuesta. No, no, en absoluto fue premeditada. Habíamos tenido una reunión previa con él, y frente a su afirmación de que los astilleros no vamos a tener que devolver (el dinero) le insistí en que tendremos que atender a multitud de juicios que los armadores nos van a poner y que luego decidirá el juez. Pero aunque no tengamos que devolver el dinero directamente, es el cierre, es la muerte de los astilleros. Porque si se castiga a nuestros clientes, no habrá uno solo que venga a contratar a España. Es que no se acercará ni a la frontera. No fue premeditado. Luego, ya en el acto público, el señor Almunia insistió un par de veces, me hirvió la sangre y no pude aguantarme. Que diga que los astilleros no tenemos ningún problema en esto… No es cierto, tenemos un problema tremendo. Cuando lo dijo la primera vez pedí el micrófono y no me lo dieron, y a la segunda no me aguanté. Reconozco que no es la forma de hacerlo, pido disculpas a la gente, pero no podía dejar que todos los medios y la opinión pública se quedase pensando que los astilleros no tenemos nada que perder en todo esto y que vamos a salir de rositas.

P. ¿Qué espera de la reunión del ministro Soria y los presidentes de Galicia, País Vasco y Asturias con Almunia? ¿Cabe el optimismo?

R. El sentido común, la razón y la legalidad están de nuestro lado. Pero en cuanto a Almunia soy bastante pesimista. No entendemos por qué el cambio de actitud en la última semana. Llevamos años negociando con los servicios jurídicos y parecía que todo iba por buen camino, nunca se barajó esta hipótesis. Y de repente fue un jarro de agua fría que nadie esperaba. En las reuniones, él nunca dejó entrever que esta fuera la solución, que es la peor posible.

P. ¿Qué opciones se estudiaban en esas negociaciones?

R. Se barajaba otros períodos o la no devolución, que es lo que defendemos. Nuestra sorpresa fue cuando el viernes pasado tuvimos acceso a este borrador y nos quedamos de piedra. Nadie daba crédito a lo que se nos venía encima. Porque esto no es una devolución de ayudas a Europa, es un dinero español, unas desgravaciones que permitió Hacienda y con un expediente de cada barco aprobado por Tributos. Si España no tiene bien sus leyes, que penalicen al Gobierno español, pero no a los astilleros. No entendemos la cerrazón del señor Almunia.

P. Cuesta creer que Almunia pretenda dañar a la industria del naval porque sí. ¿Qué motivaciones ven ustedes en esta decisión?

R. Eso tiene que preguntárselo a él. No tengo ni idea, no me cabe en la cabeza que un comisario español… Pero no apelamos a él porque sea español, apelamos a él porque es de Competencia. El comisario de Industria está de acuerdo con nuestras tesis, el de Empleo también. Lo que estamos pidiendo no es un trato de favor, estamos pidiendo lo mismo que Francia, que tuvo una exención de todo el período.

P. Cuando entró dinero a través del tax lease, ¿nunca temieron que Bruselas pudiera intervenir?

R. No, porque es algo que se utilizaba y se sigue utilizando en Europa, en Francia, en Holanda y en muchos países. Y estaba aprobado por Hacienda. No teníamos ni idea de que pudiera ser ilegal, porque además no creo que lo sea. El sistema era muy parecido al tax lease que hay ahora, al de Francia, Holanda… Las diferencias son meramente técnicas.

P. ¿Prevé impugnaciones y un conflicto comunitario?

R. Recurriremos en los tribunales y donde haga falta. Tenemos la razón y ganaremos en cualquier instancia, pero el problema es que no nos podemos permitir el lujo de ir a pleitos, porque cuando acaben los pleitos será tarde y no habrá astilleros. No aguantamos los cinco años que dura un pleito sin contratar. Esto acaba con el sector. Por eso estamos cabreados como estamos.

P. Los sindicatos afirman que esta incertidumbre impide a los astilleros sumarse a la recuperación que vive el sector en Europa. ¿Está de acuerdo?

R. Sí. Hay contratos, muchos astilleros tenemos varios armadores esperando que el nuevo tax lease sea cien por cien operativo, esperando que no haya que hacer devoluciones y esperando para contratar. Pero se van a ir corriendo que no los vamos a encontrar ni en su país. Solo la duda de que esto pueda ser así es suficiente para que no den un solo paso.

P. ¿Cómo cree que puede afectar esta resolución a la entrada de Pemex en Barreras?

R. Es un impedimento para todos, no solo para un astillero.

P. ¿Se suma a la teoría de que en la decisión de Almunia han pesado los lobbies de otros países? ¿Cree que España no ha sabido hacer una presión igual?

R. Algo de esto hay. Esto es una guerra comercial desatada por Holanda y sus astilleros contra España. Todos los barcos que se dejaron de hacer en estos dos años en España se están haciendo en Holanda y en Noruega. No hay más que ver las estadísticas de la cartera de pedidos. En esos países están encantados con esto.

————-

¿De qué bolsillo va a salir la devolución del tax lease?

 

Como bien saben los lectores, el comisario europeo de la Competencia, don Joaquín Almunia, anunció la semana pasada que está tomada la decisión de declarar al tax lease español como una medida contraria al ordenamiento comunitario.

Estamos ante lo que se ha adjetivado como el certificado de defunción del sector naval privado español, que da empleo a 87.000 personas y que, en territorios como el gallego, estaba empezando a vivir una prometedora etapa -y de largo recorrido-, tras la firma de los contratos con Pemex, así como de las pretensiones de entrada de esta petrolera mexicana en el capital de ciertos astilleros privados gallegos. La declaración de condena al Estado español por haber vulnerado el derecho comunitario se apoya en la previa calificación de nuestro modelo de tax lease como una ayuda estatal. En otras palabras, en que el tax lease ha generado beneficios económicos de tal naturaleza que ha proporcionado ventajas a ciertos agentes económicos y a cierto sector, de modo que ha falseado las reglas de la libre competencia, piedra angular del mercado único de la Unión Europea.

¿Por qué se supone que ha falseado las reglas de la libre competencia? Pues porque la estructura contractual y societaria que se creó para implementar el tax lease generó un tratamiento fiscal ventajoso en favor de concretos y determinados agentes (particularmente inversores y armadores), y en favor de un concreto y determinado sector (el naval), de tal modo que se considera que falsea el imperativo de la libre competencia.

Los responsables

¿Quién tendrá que hacer frente a las devoluciones del tax lease español? El comisario europeo señaló que los agentes responsables de devolver las ayudas no serán los astilleros pero sí los inversores y las navieras-armadores. En opinión de quien firma estas líneas, sin embargo, para responder a la pregunta de quién tendrá que afrontar la devolución del tax lease, hemos de tener muy presente tanto que la devolución trae causa de la calificación del tax lease como ayuda de Estado, como que las ventajas obtenidas son de naturaleza tributaria.

De acuerdo con ambos extremos, mucho nos tememos que el comisario se equivoca. Mucho nos tememos que la obligación de devolver no recaerá sobre astilleros, armadores ni sobre inversores, sino sobre el Estado español. Tanto la circunstancia de que la condena derivada de la concesión de ayudas de Estado, de acuerdo con el derecho comunitario, solo puede recaer sobre los Estados miembros, como el hecho de que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda español le dio el visto bueno al esquema de tax lease, así como el dato de que no es posible, por efecto de la prescripción tributaria, revisar -y regularizar- los ejercicios fiscales anteriores al 2009, nos llevan al convencimiento de que el responsable de las eventuales devoluciones será el Estado español.

Be Sociable, Share!