Reclaman la adhesión del conjunto de la Administración central, y de las autonómicas, al llamamiento urgente del sector naval privado
OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS).- “Si la Comisión Europea decide solicitar a España la devolución de las ayudas por el llamado tax lease, automáticamente emitiría el certificado de defunción a un sector industrial, competitivo y tecnológicamente avanzado que emplea a 87.000 familias”, destacan en la misiva.
Según han informado, las organizaciones firmantes reclaman la adhesión del conjunto de la Administración central, y de las autonómicas, al llamamiento urgente del sector naval privado.
Los firmantes exponen que la Comisión Europea, y en concreto el área de Competencia que dirige Almunia, cuentan con numerosa información y argumentos de carácter jurídico, que demuestra que las empresas españolas cuando se acogieron al sistema de tax lease estaban amparadas por los principios de confianza legítima y seguridad jurídica que tanto la Comisión Europea como el Tribunal han aplicado en casos similares.
Además advierten que cualquier decisión que implique que los inversores acogidos al tax lease deban devolver las ayudas recaerá de forma indirecta en los astilleros españoles como consecuencia de sus compromisos contractuales, sumado al hecho de que estigmatizará para siempre el sector, ahuyentando definitivamente a los inversores y financiadores del negocio naval.
Añaden en la carta que la Comisión Europea no puede aplicar a España un trato diferente al dispensado en cuestiones similares a otros países europeos como Francia y además debe de ser consciente de que esta situación es consecuencia de la falta de un sistema que regule la financiación en la construcción naval europea.
“Señor Comisario, cuenta usted con información suficiente sobre todas estas cuestiones, pero si desea hacernos cualquier consulta o aclaración estamos a su disposición”, destacan los firmantes que además destacan que esperan sinceramente que la resolución incorpore esta posición, “sólidamente justificada”, y propicie el desarrollo de una actividad de larga tradición industrial en España, de la que viven 87.000 familias. “Sepa también, que alargar en el tiempo la resolución y por tanto, la no decisión sobre esta cuestión, está también estrangulando al sector, que no logra firmar ninguna operación porque los inversores están a la espera de dicha resolución”, concluyen.
