El sector urge un “frente común” para que la Comisión Europea rechace el borrador de Almunia que exige la devolución de más 2.800 millones para “aniquilar” esta industria
FARO DE VIGO, 26 Jun. (Vigo).- El colegio de comisarios no someterá finalmente hoy a votación -como estaba previsto- la propuesta de resolución de Almunia, que exige el reembolso del 95% de las ayudas concedidas (más de 2.800 millones de euros) y condena al sector a su “defunción”. La decisión se retrasa a mediados de julio. El sector demanda la puesta en marcha de un “frente común” de empresas, sindicatos y administraciones que defienda en Bruselas los intereses del naval español.
El borrador de Competencia, como adelantó FARO en exclusiva el pasado lunes, contempla el reembolso de todas las ayudas concedidas entre 2005 y 2011 (el periodo de mayor concentración de contratos), superiores a 2.800 millones de euros. Según fuentes de Competencia, la devolución correspondería solo a aquellas partes que se han beneficiado del tax lease: armadores e inversores (las Agrupaciones de Interés Económico-AIE que participaban en las operaciones). Quedarían excluidos los astilleros, los bancos estructuradores, compañías de leasing y otros intermediarios. Éste es precisamente el argumento que esgrime Almunia para justificar su decisión, aunque los astilleros replican que esta decisión llevaría igualmente al sector a la ruina.
Fuentes del naval recalcaron ayer que cargar 2.800 millones sobre inversores y armadores provocará que no se vuelvan a contratar más buques en España, y recordaron que existen de igual modo contratos de responsabilidad patrimonial para que en casos de cambios regulatorios fuesen las factorías navales las que asumiesen los riesgos.
El presidente de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), Álvaro Platero, fue contundente ayer a este respecto: “Todos los astilleros privados de España cerraremos, sin lugar a dudas. El que no muera del primer golpe, morirá de las consecuencias”. Platero acusó directamente al comisario Almunia de haberle “tomado el pelo al naval, al Gobierno de España, al PSOE y a las comunidades autónomas”. “Todo lo negociado durante dos años, se lo pasó por el arco del triunfo”, manifestó.
El sector considera que ha llegado el momento de que actúe la diplomacia española para frenar en la Comisión la resolución de Almunia. “Es el momento clave de la diplomacia española y de actuaciones racionales pero claras y contundentes por parte del Estado español; lo contrario sería abandonar a esta industria estratégica e innovadora que ya ha sufrido más de lo industrial y políticamente aceptable en estos dos años”, señalaron ayer desde la patronal gallega del metal, Asime, que representa a los astilleros y a las industrias auxiliares.
Fuentes del sector consideraron que debe formarse un “frente común” para defender el naval y que la problemática del tax lease tiene que formar parte de la agenda de temas a tratar mañana y pasado en la cumbre europea que se celebrará en Bruselas. Las mismas fuentes indicaron que el colegio de comisarios de la CE votará la resolución del tax lease el 17 de julio, aunque también se baraja la fecha del 10. El borrador de Competencia ya está en manos de los comisarios, que podrán aportar sugerencias antes de someterlo a votación.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que exigir la devolución del tax lease sería “profundamente injusto” y “perjudicial” para el sector y la economía de comunidades como el País Vasco y Galicia. Soria recordó que a Francia le ocurrió algo similar con sus ayudas al naval en 2006 y no tuvo que devolver “ni un duro”.
El conselleiro de Industria, Francisco Conde, por su parte, apeló a la responsabilidad de Almunia para garantizar la viabilidad del sector naval. “Lo que hacemos es un llamamiento a la responsabilidad de la Comisión, a la responsabilidad del comisario, a los efectos de la importancia de la media tanto en un sector como es el naval, en los trabajadores y también en un país como España”, afirmó.
