Los astilleros españoles van hoy a la huelga en una convocatoria común de todos los sindicatos como en protesta por la indefinición de la Comisión Europea sobre la resolución del expediente por ayudas de estado del anterior sistema de financiación de la construcción naval, conocido como tax lease. La dilación de Bruselas tiene a los astilleros bloqueados para acceder nuevos contratos, pero si su respuesta es que hay que devolver las ayudas antiguas podría suponer la práctica desaparición de la construcción naval en España, según la patronal Pymar y los propios sindicatos.

 El paro de hoy ha sido convocado por las federaciones de Industria de los sindicatos CCOO, UGT, CIG, CAT y ELA y afectará a astilleros de de Galicia, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias y País Vasco. En el caso de los astilleros asturianos Armón y Godán el paro será sólo de una hora.

Los sindicatos y Pymar recuerdan que del sector naval español dependen 86.735 familias (entre empleo directo e inducido). La desaparición de este sector supondría un gasto en prestaciones por desempleo de más de 637 millones, reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 130 millones y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones. Además, conllevaría una reducción de la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos de más de 67 millones de euros, de la recaudación del Impuesto de Sociedades de casi 47 millones y de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social por otros 519 millones. Por último, supondría un aumento del déficit comercial español de 669 millones de euros.

Con esta movilización los sindicatos demandan al Gobierno español ‘que afronte urgentemente’ la situación ‘crítica’ del sector naval privado y que reclame la resolución del expediente del ‘tax lease’ de forma favorable a esta industria. Tanto pymar como los sindicatos reivindican que el Gobierno español haga valer ante la Comisión Europea el ‘principio de seguridad jurídica y confianza legítima’ respecto de las empresas que se acogieron a este sistema de financiación, que si se acepta de facto implicaría no tener que devolver los incentivos fiscales.

El propio comisario de la Competencia, Josquín Almunia, en varias intervenciones recientes recordó que en base a los principios de ‘seguridad jurídica’ y ‘confianza legítima’ la UE no aplica sanciones, ni devoluciones, pero también ha matizado en varias ocasiones que el litigio se hubiera evitado si España hubiera informado a Bruselas con carácter previo a la puesta en marcha del sistema tax lease.

Desde la asociación de astilleros privados Pymar y los sindicatos se asegura que existen documentos comunitarios de 2004 y 2009 en los que la Comisión Europea reconocía legalidad del sistema español, y por tanto sería de aplicación el principio de confianza legítima.

Ese tax lease estuvo vigente entre 2002 y 2011, ya que en junio de 2011 la Comisión lo anuló tras las denuncias presentadas desde Holanda y después secundadas por otros países europeos. Queda por ver si Bruselas obliga a España a devolver las ayudas fiscales concedidas, reversión que podría alcanzar hasta los 3.000 millones, más los intereses de demora, lo que supondría el golpe final en la línea de flotación del sector de construcción naval español. Entre 2002 y 2010 se financiaron con el Tax Lease 273 buques, por un valor de casi 9.000 millones.

Durante junio de 2011 y finales de 2012, después de que Burselas anulase el tax lease antiguo y autorizase el nuevo, la construcción naval española perdió unos 50 contratos y, en la actualidad los astilleros no pueden optar a otros 40 posibles contratos (por un valor conjunto de unos 2.000 millones de euros) al no encontrar financiación debido a la incertidumbre del expediente antiguo.

El antiguo tax lease español permitía reducir entre un 20% y un 30% el coste para la compra de un buque a través de un complicado sistema societario y de bonificaciones fiscales. La mayor parte de la reducción del precio, entre un 85 ó 90%, se repercutía en la naviera compradora, y entre un 10% y un 15% en los inversores de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Aunque la reversión de los incentivos recaería en las navieras e inversores de las AIE (entre los que se encuentran entidades finacieras o empresas como Inditex), al final tendrían que ser los astilleros los que asumieran el coste, ya que existen contratos entre las partes que sitúan a los astilleros como responsables últimos.

Los astilleros cuyos trabajadores están llamados a la huelga son: Factoría Naval de Marín, Metalships, Freire, Barreras, Cardama, Armón, Vulcano y Valiña (Galicia); Gondan y Armón (Asturias); Mallorca (Baleares); Astican (Canarias); Astander (Cantabria); Construcciones Navales del Norte, Murueta, Zamakona, Balenciaga y Pasaia (País Vasco). Los asturianos solo pararán una hora hoy.

Apoyo adicional al sector naval

Además de la difícil situación en que se encuentran los astilleros por el litigio del tax lease, las centrales sindicales piden al Gobierno central y a los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas donde hay astilleros que se tomen medidas adicionales de apoyo al sector.

Entre esas medidas reclaman el fortalecimiento del fondo patrimonial de garantías de Pymar, fondo de reestructuración, líneas de crédito, o primas a la construcción naval. CC.OO., UGT, CIG, ELA y CAT también reclaman la convocatoria “urgente” de la mesa de la industria auxiliar.

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