José Llorca es el principal artífice del modelo portuario español. Como presidente del organismo durante el periodo 2000-2004 impulsó el anteproyecto de ley de servicios, que fija el sistema de competencia entre los 28 puertos españoles y la liberalización de prácticamente todo el engranaje de actividad en estas infraestructuras.
José Llorca, presidente de Puertos del Estado, retoma el liderato de una empresa que dejó hace ocho años con 600 millones de deuda y que ahora suma ya 3.000 millones
ABC, 11 Dic. (Madrid).- En enero la ministra de Fomento, Ana Pastor, le volvió a confiar ese puesto. Ocho años después de abandonar su despacho, ha podido comprobar que pocas cosas han cambiado, permanecen casi todos los cuadros y maquetas. ¿La mayor diferencia? Una deuda en todo el grupo superior en 2.400 millones de euros.
–¿Cuál es la situación económica de los puertos españoles?
–Comparado con otras infraestructuras, el modelo aeroportuario es un modelo de éxito. Esperamos que para finales de año obtengamos unos beneficios de 200 millones. Esto representa un crecimiento de los resultados de prácticamente el 10%. Aún no hemos llegado a recuperar los tráficos que se dieron en 2007, pero confiamos en que en el año 2013 se superen los 383 millones de toneladas que fueron el récord. Y esperamos que en 2014 se superen los 500 millones de toneladas.
—Se suele decir que la actividad en los puertos es un baremo de la competitividad española. ¿Reflejan los datos que manejan ustedes un avance en este terreno?
—Los últimos datos que tenemos es que las exportaciones están aumentando a un ritmo muy importante. Si tomamos datos desde junio de 2008 como inicio de la crisis, podemos decir que el baremo mensual las exportaciones por vía marítima están creciendo al 51%. Esto demuestra que la economía española está siendo cada vez más competitiva en el ámbito del comercio exterior.
—¿Cuál es el criterio de rentabilidad del sistema portuario?
—Tendríamos que hacer un análisis sobre la rentabilidad de los puertos en términos de su servicio a la economía productiva del país. Tenemos puertos pequeños que son enormemente atractivos, pero que dan un servicio muy importante a la economía de su entorno. La ley española dice que el objetivo de rentabilidad es de un 2,5% sobre activos. Tenemos algunos puertos con rentabilidad por encima o con rentabilidades muy próximas, como por ejemplo Barcelona, Algeciras o Cartagena. También tenemos puertos con rentabilidad negativa, aunque todos ellos generan recursos positivos. Nuestro objetivo es lograr su viabilidad en el corto y medio plazo.
—¿Qué plan ha puesto en marcha para mejorar la competitividad?
—Hay que afrontarlo desde tres puntos de vista: en primer lugar, estamos haciendo una política activa de reducción de tasas. También está el coste de la manipulación y el coste de los servicios técnico-náuticos, que están en manos del sector privado. El segundo y tercer factor, consiste en ganar en eficiencia y ganar en fiabilidad. Los puertos tienen un abanico para modificar tasas, en función de cuál es la situación financiera. Esto permite que los puertos luchen por cuota de mercado.
—Resulta un modelo diametralmente opuesto al de otras sociedades públicas, como AENA…
—Partimos de una situación diferente. Y con una gran ventaja: todos los puertos dan resultados económicos positivos. Eso permite que cada puerto compita sin poner en cuestión la caja. Los puertos desde hace muchos años son autosuficientes. También AENA es autosuficiente. Creemos en un modelo de competencia como un modelo de eficiencia. No debemos homogeneizar recetas. Cada sector tiene sus propios valores y tenemos que ser capaces de analizar qué es lo mejor para cada uno.
—¿Se contempla un proceso de mayor liberalización?
—Yo he hablado de abrir el mercado de la competencia a la prestación de servicios portuarios. El administrador es regulador del territorio y arrendadores y reguladores de la actividad económica. El sector portuario es un sector ya muy liberalizado, muy abierto al mercado y no hay ninguna actividad prestacional llevada a cabo por la autoridad pública.
—Se intuye entonces que no va a haber modificaciones sustanciales durante esta legislatura.
—No. Creo que estamos en un mundo en movimiento y tenemos que ser capaces de irnos adaptando a las situaciones que se nos van presentando. Cualquier decisión que se pueda tomar será siempre en beneficio de una mayor apertura del sector portuario al sector privado.
—¿Pero sería posible la entrada de capital privado en la sociedad?
—El modelo portuario se basa en la autonomía de gestión de 28 autoridades portuarias y en un órgano regulador-coordinador que es Puertos del Estado. No es un órgano inversor ni es un órgano que genere recursos.
—¿Han sufrido, como destacan desde otras sociedades, excesos en la gestión de la anterior administración?
—Cuando el Partido Popular dejó el Gobierno en el año 2004 la deuda de los puertos era de 600 millones de euros. Ahora nos hemos encontrado una deuda de, entre corto y largo plazo, cercana a los 3.000 millones. La factura, además, está muy mal repartida: tenemos algunos puertos muy endeudados y en una situación en la que su viabilidad económico financiera está muy cuestionada, como en el caso de Gijón, que tiene una deuda de 465 millones.
—Y esta elevada deuda procede, precisamente, de las cuantiosas inversiones que se hicieron…
—Los puertos han asumido en los últimos años una política muy agresiva de inversiones. A nosotros nos toca ahora pagar las deudas y llenar los diques. Tenemos el objetivo, y así figura en el plan de infraestructuras elaborado por el Ministerio de Fomento, de llegar a índices de ocupación superiores al 60%. Se han hecho inversiones que, quizá, no han estado excesivamente bien valoradas con respecto a la propia evolución de la demanda.