El sector critica el marco pesquero y alerta de que no hay caladero alternativo
LA PROVINCIA, 22 Nov. (Las Palmas).- Bajo el lema Canarias Existe, los 300 manifestantes exigieron que el Consejo Europeo no firme el acuerdo pesquero promovido por la Comisión Europea con Nuakchot y se renegocie un texto que tenga en cuenta a los armadores y los países que faenan en las aguas de la república norteafricana, un caladero que no tiene alternativa y cuyo cierre aboca a la muerte a la actividad pesquera de La Luz y sus servicios complementarios.
El puerto de Las Palmas perdería 3.000 puestos de trabajo y 155 millones de euros anuales en facturación y valor de exportación. Empresas frigoríficas, transformación de pescado, reparación naval, estibadores, industria de frío y cartonería serían los principales servicios dañados de las veintena de actividades que se están ya viendo afectadas.
La patronal portuaria Fedeport, el sindicato de estibadores, empresas de reparación naval, la industria de frío, la Asociación Nacional de Cefalopoderos (Anacef) y consignatarios contaron con el apoyo del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y del Gobierno regional, representado por los viceconsejeros de Economía y Asuntos Europeos y de Pesca, Ildefonso Socorro y Juan Manuel Soto.
El consejero delegado de La Luz Market y vicepresidente de Fedeport, Benardino Santana, resaltó la gravedad de este asunto, ya que incumple el Tratado de Lisboa, que recoge la necesidad no solo de contemplar la dimensión ultraperiférica con terceros países, sino de estimar el impacto socioeconómico que un acuerdo de estas características podría tener para regiones como Canarias.
Santana señaló que La Luz, con inversiones europeas, se ha convertido en el mejor puerto de la Unión Europea en productividad, así como el primero en inspeccionar, mantener el nivel sanitario y en la conservación de la cadena de frío. "Ahora Europa nos da la espalda", añadió el directivo de la patronal portuaria, que criticó la negociación efectuada por la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, ya que tenía el encargo de Bruselas de negociar un acuerdo beneficioso para el sector "y no ha seguido este mandato ni tampoco los consejos de los países miembros".
El director general de la Asociación Nacional de Armadores Cefalopoderos (Anacef), José Ramón Fontán, indicó que este protocolo pesquero, ratificado por la Comisión Europea el pasado mes de julio con aplicación desde agosto y pendiente de su aprobación por parte del Consejo y el Parlamento Europeo, "no sirve a la flota con base en la isla (46 pelágicos y 23 cefalopoderos) que, además no tiene otro caladero alternativo donde pescar".
Fontán arremetió contra Damanaki, a la que acusó de hacer "dejación de sus responsabilidades" al negociar un acuerdo que no beneficia a los países miembros y por el que la Unión Europea se ha comprometido a pagar 70 millones de euros al año.
El director general de Anacef denunció que las posibilidades de pesca que Bruselas ha comprado con este acuerdo sólo se han aprovechado en un 15% desde su ratificación, por lo que urge reactivar el acuerdo que existía con anterioridad y comenzar a negociar un nuevo protocolo, pero escuchando a las países y empresas afectados.
La extensión del límite de pesca para las pesquerías pelágicas de las actuales 13 millas a partir de las 20 millas reduciendo hasta en un 80% las capturas y la obligación a parte de las pesquerías a desembarcar las capturas en Mauritania hacen inviable y poco rentable el marco pesquero con Mauritania.
El presidente de la Asociación de Sindicatos Estibadores Portuarios, Miguel Rodríguez, indicó que la facturación directa de los estibadores portuarios caerá 2,5 millones de euros debido a este protocolo, lo que supondrá la pérdida de este sector.
El tejido industrial naval sufrirá también los efectos del actual acuerdo pesquero, subrayó el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Canarias (Femepa), Vicente Marrero, tanto en reparación como talleres y sobre todo el frío industrial.
Uno de los ejemplos más significativos de la situación que vive la actividad pesquera es la de empresa Spanish Pelagic, creada en 2003 con una inversión de 12 millones, de la que tres millones fueron provenientes de fondos europeos. Este almacén frigorífico con capacidad para 20.000 toneladas sólo tiene una ocupación de 144.
El Gobierno español ha pedido la paralización de este protocolo contando con el apoyo de Polonia, Lituania, Letonia, Portugal y Grecia. Alemania estudia adherirse con lo que se tendría más presión en su paso por el Consejo.
