Calma tensa a la espera de conocer el contenido exacto del dictamen motivado por el cual la Comisión Europea ha exigido a España que deje de obligar a las empresas estibadoras a integrarse en la Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP). Sobre los próximos pasos a dar, para el sindicato mayoritario de estiba, Coordinadora, es esencial que haya una “defensa común” de los intereses de España ante la Unión Europea.

 Están a la espera de recibir el expediente y analizar su contenido 

DIARIO DEL PUERTO, 03 Oct. (Madrid).- El coordinador general del sindicato de estiba Coordinadora, Antolín Goya, transmitió ayer a Diario del Puerto su contrariedad sobre la decisión adoptada por la Unión Europea, si bien se mostró cauto al desconocer todavía el contenido del dictamen.

“Estamos a la espera de recibir el expediente y analizar su contenido. La realidad es que lo único que tenemos en estos momentos es el comunicado de prensa remitido por la Comisión Europea en el que se informa del expediente, pero nada más”, señaló Goya, quien en todo caso aseguró que ya ha “pedido una reunión con Puertos del Estado para analizar el alcance del dictamen”. 

 “Nos sorprende mucho que se actúe contra España cuando en la mayoría de países de la Unión los puertos trabajan con sistemas de pool de estibadores portuarios, igual que aquí”, subrayó el coordinador general de Coordinadora, quien además aseguró que no entiende esta medida cuando “en estos momentos España y su modelo portuario son una referencia a nivel europeo en cuanto a desarrollo, innovación, competitividad y procesos”.

Goya destacó que ahora es el momento de analizar con calma el dictamen de la UE de forma conjunta por parte de todas las partes interesadas, al tiempo que señaló que “es esencial que haya una defensa común” de los intereses del sistema portuario español.

Hay que destacar que en la misma línea se ha manifestado en las últimas horas el Organismo Público Puertos del Estado, de tal forma que fuentes de la entidad han venido a señalar a este Diario que no es momento de abrir viejas heridas sino de lograr una posición consensuada entre todos los agentes implicados.

No hay que olvidar, por otro lado, que el cuestionamiento de las SAGEP por parte de la Comisión Europea se produce en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo en el sector de la estiba portuaria. A este respecto, Antolín Goya señaló ayer a Diario del Puerto que su intención es “que el dictamen no afecte a la negociación del acuerdo marco y mantener el ritmo previsto para las negociaciones”. 

A la espera de conocer el contenido exacto del dictamen motivado

El procedimiento de información del dictamen seguido por la Comisión Europea (CE) está retrasando que se conozca su contenido exacto, que es lo que ahora mismo consideran prioritario los agentes sectoriales implicados. La Comisión informó de su remisión a España el pasado jueves, lo que oficialmente se realiza a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien a su vez debe trasladarlo al órgano competente, en este caso el Ministerio de Fomento y OPPE, trámites burocráticos que son los que dilatan que se conozcan con detalle los argumentos de la Comisión.

Lo único que se ha hecho público del dictamen es el comunicado de prensa emitido el mismo jueves por la CE en el que se informaba que ha enviado a España un dictamen motivado por obligar a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles a participar financieramente en el capital de las empresas privadas que gestionan la provisión de estibadores, SAGEP, “impidiéndolas recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente”. Según la CE, “los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en España podrían no hacerlo a causa de la barrera que representa esta disposición en el mercado de estos servicios”. Esta es la segunda etapa del procedimiento de infracción. “En caso de que España no reaccione de manera satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la UE”, afirma el comunicado.

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