El pleno del Ayuntamiento de Sestao ha aprobado por unanimidad una moción del PNV en la que se insta a la Comisión Europea a no dilatar más la aplicación del sistema de bonificaciones 'tax lease' en España para evitar así que las empresas del sector naval compitan en desventaja con el resto de países de la Unión Europea.
El Ayuntamiento de Sestao ha destacado que "este bloqueo ha colocado a los astilleros españoles en una situación de desigualdad frente a sus homólogos europeos”
ABC, 25 Sep. (Sestao).- La Unión Europea estudia desde hace meses el futuro del sistema de bonificaciones a la construcción de buques, el denominado ‘tax lease’, vigente en España desde 2003 y que fue paralizado por la Comisión Europea en 2011 tras las denuncias presentadas por asociaciones de astilleros de países como Holanda, Noruega, Finlandia, Francia y Portugal.
El Ayuntamiento de Sestao, localidad vizcaína en la que se ubica en astillero de La Naval, ha destacado que "este bloqueo ha colocado a los astilleros españoles en una situación de desigualdad frente a sus homólogos europeos, que sí disponen de fórmulas para rebajar el coste final de los barcos".
Ha considerado que esta situación está teniendo "una repercusión negativa para La Naval de Sestao, empresa que no ha conseguido cerrar ningún contrato desde la supresión cautelar de estas medidas fiscales".
En mayo pasado, el Gobierno comunicó a Bruselas su nueva propuesta de financiación ‘tax lease’ y la Comisión Europea reclamó a España una serie de aclaraciones sobre su propuesta cuando acababa el plazo de un mes establecido para adoptar una decisión.
La portavoz del equipo de gobierno de Sestao, Leire Corrales, ha indicado que la Unión Europea podría adoptar una decisión antes del 11 de octubre y le ha pedido que "no dilate por más tiempo la aplicación del ‘tax lease’ para evitar que las empresas navales sigan compitiendo en desventaja dentro de Europa".
En la moción también se hace un llamamiento al Ministerio de Industria para que envíe "con la mayor celeridad" toda la documentación requerida por Bruselas para poder adoptar un acuerdo.
