“Fue un gravísimo error permitir que entre en la UE atún con menos exigencias que las aplicadas a un conservero comunitario y nosotros no queremos frenar la competencia pero sí tener las mismas reglas que los demás”. Quien así se expresaba ayer es Jesús Manuel Alonso Escurís, consejero delegado de una de las principales conserveras de Galicia, el grupo Jealsa Escurís, y su reflexión muestra el sentir general de los conserveros consultados sobre las consecuencias para la industria gallega y española y su empleo de la creciente producción de conservas de atún en Papúa Nueva Guinea. 

 Tachan de "grave error" las ventajas otorgadas por la UE a sus competidores y algunos empresarios ven posible fabricar en el país asiático "no por deseo sino por supervivencia" 

FARO DE VIGO, 24 Ago. (Vigo).- Tal expansión viene propiciada por el acuerdo de la UE con el país asiático por el que se libera de aranceles a sus exportaciones a la UE y de las normas de origen de la materia prima. La amenaza del crecimiento del sector conservero papuano se concreta ya en el anuncio de la próxima apertura de la octava planta conservera en el país –con capitales de Tailandia y Filipinas, los principales competidores mundiales de la UE– que permitirá al país superar en pocos meses la producción de gallega y española de latas de atún.

“El volumen es de tal magnitud que puede ser un problema gravísimo”, reconoce Alonso Escurís, para quien “no podemos aceptar normas excepcionales para esa zona, porque además ni los inversores ni los  trabajadores son del mismo país”.

Para el empresario, de no revocar la UE el polémico acuerdo, como exige el sector comunitario, “es perfectamente posible que la industria europea se instale allí porque si se presenta una ventaja competitiva insalvable, o cierras o buscas solución. No es deseo, sino supervivencia”.

En la misma línea se pronuncia el responsable de otra de las grandes conserveras gallegas, que pide anonimato apelando a que comparte la posición defendida por el sector. Así, señalaba que “detrás están grandes multinacionales para las que el mercado comunitario es muy atractivo y por eso no se entiende bien que desde la UE se colabore con el desarrollo de esa zona mientras destruye la industria española y comunitaria. Nosotros no queremos instalarnos allí sino seguir trabajando aquí y mantener el empleo y de esta forma lo que se consigue es lo contrario”.

Mientras, desde la multinacional gallega Calvo, referente del sector atunero, fuentes de la empresa descartaban ayer la instalación en Papúa. “Imposible; no se contempla; nuestra estrategia va por otro lado, por América Latina, y lo que esperamos es que las autoridades europeas vean el grave riesgo de sus decisiones para la industria europea”.

Además, señalaba el portavoz de Calvo la “pérdida de peso político de las autoridades españolas ante Bruselas en defensa del sector pesquero y transformador” por lo que “no tenemos muchas esperanzas” de que la situación –el acuerdo– pueda revertirse. Desde la multinacional gallega se aseguraba también que “lo que antes era una gran preocupación ahora es una realidad” y, así, se recordaba que ya hace años y “previendo lo que se nos venía encima apostamos por la innovación y la internacionalización en Sudamérica o Centroamérica y por eso podemos ahora seguir invirtiendo y creando empleo, porque si hubiéramos seguido operando solo en España hubiera sido la puntilla”.

Finalmente, desde Industrias Cerdeimar, en Camariñas, su director general, Carlos Cerdeiras, no dudaba en calificar la amenaza de Papúa como “muy, muy preocupante”.

12.000 empleos

Además, Cerdeiras avisaba de las posibles consecuencias para el empleo en Galicia. El sector conservero apuesta por fabricar aquí siempre que nos dejen y que los de fuera tengan las mismas exigencias que nosotros en legalidad del pescado, salarios, condiciones laborales y sanitarias. Por desgracia, a las industrias esto nos desestabiliza pero nos movemos rápidamente y si tenemos que montar una fábrica fuera se hará; las grandes y las medianas, que pueden agruparse, pero desaparecería el empleo aquí, que es por lo que apostamos y en lo invertimos”. Además, recuerda que, de propiciar la UE las mismas reglas de juego para todos, el empleo en el sector “podría ser un 30 o un 40% superior al actual”, casi 12.000 personas en Galicia.

El país asiático frenó el acceso de la flota de la UE

La flota atunera comunitaria vio frenado su acceso al área de Papúa Nueva Guinea –que concentra el 30% de las capturas mundiales de túnidos– debido precisamente a la negativa de ese país.

Es una de las contradicciones que señalan las patronales conserveras española y comunitaria –Anfaco y Eurothon– en su argumentario para exigir a la UE la revocación del acuerdo suscrito con el país asiático, cuyas ventajosas condiciones para Papúa, aseguran, ponen en grave riesgo al sector atunero europeo.

Además, niega la industria comunitaria el principal argumento de Papúa en la negociación de su acuerdo con la UE, cual era la escasez de materia prima, “no achacable a la flota comunitaria” sino motivada por una “estrategia perfectamente planificada”. Así, recuerdan que mientras se limita la presencia de barcos europeos en la zona, “China desarrolla una importante flota atunera cerquera, pasando de 5 buques a prever 30 en dos años, mientras que la flota de la UE se ha visto limitada a operar en esa área desde 2000 con solo 4 buques”.

Por ello, desde Anfaco se argumenta que “si su verdadera intención [de Papúa] fuese la de asegurarse el suministro de atún con calificación origen de Papúa Nueva Guinea, podría haber favorecido el acceso de la flota de la UE a esta área y no la de nuestros competidores como Filipinas, Tailandia, Taiwán y China”.

Son precisamente esos países los que realizan ahora, gracias al acuerdo de la UE, las grandes inversiones en el sector conservero del país atraídos por la posibilidad utilizar el país como vía de introducción en el mercado comunitario de atún sin normas de origen ni aranceles, cuando ahora deben cumplir las primeras y afrontar un arancel del 20,5%”, recuerda Anfaco.

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