Unión Naval Valencia (UNV), astillero del grupo Boluda que acaba de anunciar el cese de actividad a partir del próximo otoño por la falta de carga de trabajo, ultima la fabricación de sus últimos cuatro remolcadores para la Autoridad Portuaria de Amberes (Bélgica) mientras la Comisión Europea mantiene abierta la investigación sobre la legalidad de las ayudas fiscales (tax lease) que han venido aplicando los astilleros españoles durante los últimos años. 

 La UE mantiene abierta la investigación sobre la legalidad de los descuentos que aplicaron astilleros españoles tras la denuncia de Holanda 

LEVANTE, 01 Jun. (Valencia).- El expediente de Bruselas tuvo su origen en la denuncia realizada en 2010 por el Gobierno de Holanda (al que sumaron otros seis países) tras el contrato que Boluda consiguió para la fabricación de las citadas embarcaciones para el puerto belga.

El rigor fiscal de la Comisión Europea, después de dos años de suspensión del sistema de bonificaciones tributarias, ha conseguido paralizar la fabricación de barcos en los astilleros españoles. El presidente de Unión Naval Valencia, Vicente Boluda, defendió la legalidad del sistema financiero-fiscal que ha permitido "contratar barcos en igualdad de condiciones que los competidores europeos". En ese sentido, destaca que los contratos suscritos con el puerto de Amberes están sujetos a derecho.

El naviero valenciano instó al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, a solucionar "cuanto antes" la búsqueda de un nuevo sistema fiscal en España, aunque después de dos años no ha conseguido nueva carga de trabajo y el astillero valenciano se ha visto abocado a anunciar un expediente de regulación de ocupación para extinguir sus 81 trabajadores directos, lo que afectará también a los casi 300 que emplea a través de subcontratas.

Desde la patronal de astilleros Pymar se asegura que la suspensión de los incentivos fiscales en España -que sí se aplican en otros países y garantizan ahorro de entre al 20 % y el 30 % de los costes de los buques- suponen una "desventaja competitiva frente al resto de países de la Unión Europea.

Tras dos años de paralización del programa de ayudas la situación está volviéndose cada vez más difícil, pues ha provocado la pérdida de 2.000 millones de euros para el sector, según Pymar. Sea como fuere, autonomías con mayor actividad de astilleros como Galicia, a través de sus gobiernos autónomos, logran conseguir contratos para sus astilleros, como el que acaba de sellar la petrolera mexicana Pemax, que ha encargado una docena de remolcadores a firmas gallegas del sector.

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