El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, dijo ayer, durante una comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, que la situación del puerto de Gijón es muy complicada, pues presenta una deuda de 465 millones que habrá que renegociar, según informa la agencia Efe.

 José Llorca deja la puerta abierta a una adaptación de las tasas para mejorar la competitividad de los puertos españoles

EL COMERCIO, 18 Abr. (Madrid).- Asimismo, la misma información indica que el presidente de Puertos del Estado defendió, en ese caso para el conjunto de las dársenas de interés general, adaptar las tasas en función de los desequilibrios de las autoridades portuarias a fin de mejorar la competitividad de los puertos y reducir los costes logísticos de las empresas.

El objetivo de José Llorca es reducir el impacto negativo que tienen en las cuentas los desequilibrios de las autoridades portuarias, fomentar el transporte marítimo internacional y evitar la sobrecapacidad que se produce en algunos puertos españoles, entre los que obviamente se encuentra actualmente El Musel. En todo caso, Llorca consideró «imprescindible» y «urgente» acometer actuaciones conjuntas con ingresos realistas y ajustar los gastos para reducir la deuda del ente público, que se espera que alcance los 2.876 millones al cierre de 2012.

El presidente de Puertos del Estado constata que las grandes inversiones portuarias ya están hechas y que lo que se tiene que acometer ahora son actuaciones en atraque y generación de suelo, que vaticinó como asumibles por el sector privado.

No obstante, sin perjuicio del objetivo de ajuste, José Llorca cree que hay todavía una parte muy importante de la planificación de inversiones comprometidas para este año y los siguientes ejercicios, por un importe de 715 millones de euros.

Incertidumbre. Sobre la repercusión que la intervención de José Llorca en el Congreso tendrá en el puerto de El Musel, queda más claro qué ocurrirá con la deuda financiera que el importe final de las tasas para este año, ya que la ley de presupuestos tendrá todavía que ser discutida y aprobada en el Parlamento, así que las previsiones contenidas en el proyecto podrían variar, como reclama el conjunto de la comunidad portuaria asturiana.

Aliviar obligaciones. Parece evidente, sin embargo, que, pase lo que pase este año con las tasas, una renegociación de la deuda financiera aliviará las obligaciones de pago a corto y medio plazo, de forma que los balances serían más favorables en los próximos ejercicios y no habría que sumar sucesivamente aumentos de tasas año tras año, como correspondería si la rentabilidad continúa siendo negativa.

Llorca coincidió con el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón en considerar «nefasta» la gestión portuaria de El Musel, por los altísimos costes financieros que el pago de las obras de ampliación genera, pero cabe pensar que las cosas cambien con la renegociación de la deuda.

Aunque las ayudas y los préstamos europeos se negocian a través del Gobierno del Estado, la buena disposición a renegociar de José Llorca puede tener mejor aplicación en la parte de la deuda muselina relacionada con el Ministerio de Fomento.

Cabe recordar, en ese sentido, que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene firmado un crédito con el Banco Europeo de Inversiones por importe de 250 millones de euros, así como otro crédito del Instituto de Crédito Oficial español, a través de Puertos del Estado, por valor de 215 millones de euros.

Tasas. Por lo que al importe de las tasas se refiere, la adaptación «en función de los desequilibrios de las autoridades portuarias a fin de mejorar la competitividad de los puertos y reducir los costes logísticos de las empresas» a la que alude la crónica de Efe implica una adaptación a la baja, ya que el aumento de los precios en los puertos más deficitarios, además de no suponer novedad alguna, ni aumenta la competitividad ni reduce los costes logísticos, como resulta evidente.

La Autoridad Portuaria de Gijón previó una subida de las tasas del 10%, pero se encontró con una propuesta de presupuestos que elevó dicha cifra hasta el 30%, lo que provocó un amplio rechazo de la comunidad portuaria, de los partidos políticos y de los agentes sociales.

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