Austeridad y ajustes fueron las dos palabras más utilizadas la semana pasada por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante su primera comparecencia en el Congreso. Este discurso agrando más, si cabe, la incertidumbre que pesa sobre la firma del contrato para la construcción de otros cinco barcos de acción marítima (BAM) para la Armada española.
Navantia lleva meses ajustando con la Armada las características técnicas de estos nuevos barcos
LA VOZ DE CADIZ, 31 Ene. (Cádiz).- El gobierno de Rodríguez Zapatero dejó el pasado noviembre el poder sin autorizar de forma definitiva la construcción de estos barcos, después de anunciarlo en octubre de 2010. Los astilleros de Puerto Real y San Fernando esperan como agua de mayo este acuerdo para paliar la falta de carga de trabajo a al que se enfrentan desde febrero.
Este periódico ha podido saber que el titular de Defensa acudirá el próximo lunes a la Base Naval de Rota a la ceremonia de entrega del tercer BAM a la Armada, pero todo apunta a que Pedro Morenés no anunciará nada sobre la contratación de la segunda fase, a la espera de que se concrete cómo se va a financiar la compra de estos barcos. Navantia lleva meses ajustando con la Armada las características técnicas de estos nuevos barcos, ya que los militares han introducido algunas modificaciones con respecto a los cuatro que se contrataron en 2005.
De hecho, la Armada quiere hacer algo más polivalentes estas embarcaciones y destinará dos de ellas a tareas oceanográficas y logísticas para buceo. Este cambio del proyecto supone un incremento de costes y es en este punto donde se centran las negociaciones. Sin embargo, Defensa no está para tirar cohetes. Las deudas que mantiene con varias empresas públicas y los recortes presupuestarios han obligado a replantear las inversiones.
Los astilleros gaditanos habían depositado sus esperanzas más inmediatas en este contrato de la construcción naval militar, pero Defensa sigue deshojando la margarita en la búsqueda dinero. De momento, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados y el nuevo Gobierno de Rajoy no tomará una decisión sobre inversiones en la industria militar hasta contar con las cuentas oficiales.
