Ramón Aguirre es desde el pasado viernes nuevo presidente de
Los astilleros gallegos agotarán en el 2012 la mayoría de su carga de trabajo
-¿Cuál es la situación de los astilleros públicos en el arranque del 2012?
-La cartera de pedidos de Navantia, que llegó a superar los 6.000 millones en sus momentos álgidos, ronda los 2.500. La situación de sus plantas es desigual: mientras que la de Cartagena tiene despejado su futuro a medio plazo, las de Andalucía y la ría ferrolana son las que presentan peores niveles de ocupación. En Ferrol este año se entregará el primer buque anfibio para Australia y la quinta fragata F-100. Solo quedará en construcción el segundo megabuque para las Antípodas, lo que supondrá la pérdida de miles de empleos en las compañías auxiliares. Además, como consecuencia en la demora de los pagos por parte del Ministerio de Defensa, Navantia arrastra una deuda superior a los 3.000 millones de euros.
-¿Afectarán los recortes al naval público?
-El Gobierno ya ha advertido de que no descarta privatizaciones de empresas públicas para recortar el déficit, aunque parece poco probable que los astilleros se incluyan dentro de las posibles firmas a enajenar, entre otras cuestiones por el carácter estratégico que tienen para el Ministerio de Defensa. No obstante, el objetivo del Ejecutivo de reducir el gasto preocupa a los representantes de los trabajadores, por cuanto, de no producirse nuevos encargos, lo que a corto plazo no está previsto, pronto se quedarán las gradas vacías. Y debatir sobre el futuro cuando las plantas están con una ocupación menguante no es el mejor de los escenarios posibles.
-¿Qué clima social se encontrará en el naval público?
-De
-No. Trabajadores de Navantia, empresarios del naval y todos los partidos políticos apoyan la construcción de un nuevo dique flotante en la ría, que costaría 140 millones pero aseguraría carga de trabajo para dos años. Entre otros cometidos, los nuevos gestores de