El BNG y el PP han desplegado una ofensiva política en el Congreso y el Senado para instar al Gobierno central a reponer cuanto antes las bonificaciones fiscales al naval gallego hasta que la Unión Europea se pronuncie sobre una tasa sospechosa de ser irregular. El asunto en discordia es el tax lease, un incentivo a la construcción de buques civiles en España que aligera la carga fiscal del barco y le ahorra al armador "un 30% del coste" mediante un sistema de alquiler con derecho a compra (leasing) para la naviera que lo contrata, según fuentes del sector.
El bloqueo a las ayudas agudiza la crisis de los astilleros civiles
EL PAIS.com, 13 Jul. (Madrid).- La ministra de Economía, Elena Salgado, se pronunció ayer por primera vez sobre el tema en respuesta a una pregunta del senador Xosé Manuel Pérez Bouza (BNG), aunque, ante la petición de que se repongan los incentivos, se limitó a pedir "prudencia" hasta conocer el dictamen de Bruselas. La ministra defiende que el tax lease equivale al "sistema español de arrendamiento fiscal" que permite "amortizar determinados elementos financieros" y sostiene que no se trata de una línea de bonificaciones, pese a que la UE las considera "posibles ayudas de Estado incompatibles con el derecho comunitario"."Para nosotros [el Gobierno] ni siquiera se trata de una bonificación fiscal en sentido estricto", aseguró Salgado, para apuntar que esa ha sido la línea argumental de los documentos que "con toda contundencia" han remitido a la Comisión Europea.
En junio, varios países de la Unión Europea con intereses en el sector naval, como Francia, Holanda o Portugal, denunciaron al Gobierno español ante Bruselas por aplicar estas bonificaciones desde 2003. Su queja acabó en el despacho del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, que el 30 de junio abrió un expediente para determinar si esta tasa supone una desventaja para otros astilleros europeos y, así, contraviene las reglas de la competencia. En prevención, el Ejecutivo central optó por bloquear el tax lease el pasado 1 de julio. La decisión del Ministerio de Economía de aparcar esta tasa, que está siendo investigada por la Unión Europea, ha revolucionado a las asociaciones de empresarios del sector naval gallego, muy preocupado por la posibilidad de tener que devolver unas ayudas millonarias que perciben desde hace ocho años y que, en la práctica, abaratan casi un tercio el coste de un buque construido en sus astilleros.
En Galicia, este bloqueo del tax lease afecta, fundamentalmente, a los astilleros civiles de Vigo, como Freire o Barreras, en graves dificultades económicas. La factoría Hijos de J. Barreras arrastra una deuda de 62 millones de euros y entrará en suspensión de pagos esta semana. Asime (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia), la entidad que agrupa a 300 industrias y 11.000 operarios del sector naval, sostiene que la supresión de esta bonificación será un obstáculo insalvable para lograr nuevos contratos en tiempos de crisis. La organización patronal teme que el expediente se empantane en los despachos de Bruselas "un par de años" y sospechan que tras la denuncia está la intención de varias asociaciones europeas de sacar a las factorías españolas del tablero de juego y así eliminar "a un competidor directo".
"Todos los países de la UE tienen un sistema de bonificaciones similar o idéntico al español", se queja Enrique Mallón, portavoz de Asime. Explica que en una contratación tax lease intervienen cuatro agentes: la naviera, el astillero, el banco y una agrupación de intereses económicos, que se reparten las cargas económicas y aplican deducciones fiscales. En síntesis, el armador encarga un buque al astillero a través de una sociedad económica con el respaldo del banco, que se lo arrienda al naviero y se lo vende al cabo de un tiempo con un coste menor al que tendría si lo hubiera contratado directamente.
Mallón defiende la importancia "vital y estratégica" del sector naval en Galicia como motor para la recuperación y asegura que con el expediente en marcha, y las bonificaciones bloqueadas, lograr nuevos contratos en la ría de Vigo será "imposible". "España no debe permitir que se paralice el tax lease porque frena toda la industria naval", reclama Mallón, que propone además implantar un sistema de bonos similar para todos los países europeos con astilleros civiles con una parte comunitaria y otra adaptada a las especificidades de cada Estado. En esta guerra, tienen a la Xunta de su lado que, por carta, ya ha reclamado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que tome medidas.
Hoy será el diputado popular en el Congreso Arsenio Fernández de Mesa quien interrogue a la ministra de Economía, Elena Salgado, en el pleno parlamentario sobre el bloqueo de la polémica tasa. Los populares exigen al Gobierno central que abone a los astilleros "los beneficios fiscales que ya se habían devengado antes de la apertura del expediente".
