Durante los días 17 y 18 de enero se han celebrado en Valencia las jornadas de lucha contra la contaminación marina en las que han participado La Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, dependientes del Ministerio de Fomento y fiscales de Medio Ambiente de toda España. El objeto de dichas jornadas es profundizar en la cooperación entre la Administración Marítima y el Ministerio Fiscal.
La cooperación entre la Administración Marítima y el Ministerio Fiscal constituye un eje estratégico para la lucha contra la contaminación marina
DGMM, 19 Ene. (Madrid).- La reunión de trabajo se enmarca dentro del Plan Nacional de Salvamento 2010-2018 que hace especial hincapié en el desarrollo de un marco de relación entre ambos Ministerios a fin de promover la actuación sancionadora contra los responsables de las contaminaciones no sólo a través de la vía administrativa sino, potenciando la persecución en el ámbito de la jurisdicción penal.
Con la transposición de la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre de 2009 relativa a las contaminaciones procedentes de buques, España reforzará el marco penal para la represión de estas actividades. A tal fin se potenciará el ejercicio de la acción penal contra los causantes de las acciones contaminantes, que serán considerados como autores responsables de un delito contra el medio ambiente.
Desarrollo de las jornadas
Durante las jornadas de trabajo se ha mostrado a la fiscalía los medios técnicos y el procedimiento operativo puesto en marcha por Salvamento Marítimo para la detección de las manchas de contaminación en la mar así como para la identificación de los buques que las causan.
Las jornadas se han completado con un ejercicio práctico durante el cual, los fiscales de medio ambiente han embarcado en el avión de Salvamento Marítimo “Sasemar 101”, con base en Valencia, para presenciar un ejercicio de vigilancia aérea.
Estos aviones están equipados con la más avanzada tecnología para detectar la contaminación marina y para obtener la información, datos y pruebas que permitan la puesta en marcha del procedimiento sancionador en caso de que se detecte una presunta actividad ilícita.
